En estas últimas
semanas se han conocido los datos que facilita el INE sobre el padrón. La
Comunidad de Madrid siguió creciendo en población por tercer año consecutivo.
Ya cuenta con seis millones y medio de habitantes; la mitad de ellos reside en
la propia ciudad. Aumenta, con diferencia, más que el resto de las provincias,
en especial las de su entorno más próximo. Madrid sumó en 2018 casi 71.000
vecinos más. El interior se despuebla mientras que Madrid crece. Es como si ejerciese
un campo magnético que atrae inversiones, dinamiza la actividad económica y,
con ello, asienta población. Los nuevos vecinos proceden de provincias de toda
España. Las provincias limítrofes como Toledo, Guadalajara, Ávila o Segovia
aportan capital humano que, en muchas ocasiones, entra y sale de la Comunidad
de Madrid todos los días para trabajar, gracias a la mejora del sistema de
movilidad. Antes o después un porcentaje muy grande de ellos se acaba asentando
en la capital o alguna de las localidades de la Comunidad, siempre que el
precio de la vivienda se lo permita. Los inmigrantes de otras zonas de España
como Sevilla, Ciudad Real y Cáceres también han enriquecido en el último año el
padrón de Madrid, a lo que hay que añadir a los inmigrantes del exterior de
nuestro país.
La buena marcha
de la economía explica ese poder de atracción de Madrid. Ofrece oportunidades
laborales que no ofrecen otras zonas o países de origen. La cuestión es si es
necesario seguir apostando por un desarrollo industrial concentrado en Madrid y
alguna otra zona de España que genera un crecimiento exponencial de las
necesidades de servicios y de población, mientras otras zonas del país, en
especial las más próximas, se despueblan día a día como consecuencia del
decrecimiento vegetativo y de la falta de dinamismo económico orientado hacia
la megápoli. El fenómeno tiene efectos colaterales muy negativos. En Madrid la
vivienda es cada vez más inasequible y los servicios públicos dejan mucho que
desear. Ir y venir al trabajo tiene unos costes en tiempo muy elevados, e
incluso un gasto económico muy alto en algunos desplazamientos. La calidad de
vida es mucho peor que la que pueda tener un abulense o un segoviano para
acceder al trabajo.
¿Cuál es la
solución? Compleja, desde mi punto de vista. El mercado impone sus leyes
crueles y allí donde no hay mercado no hay vida a corto plazo, salvo que las
instituciones públicas desplieguen programas de actuación para incorporar esas
zonas al mercado, lo que no es fácil y menos con la actual estructura
territorial y administrativa de nuestro país. Para cualquier empresario la
localización de su empresa en San Fernando, Collado o Fuenlabrada presenta
mayores ventajas comerciales y de explotación que su localización en Cebreros,
Cantalejo o Burgo de Osma. A ello se une el déficit de infraestructuras
industriales, de transporte y comunicación en estas provincias fuera de las
capitales de provincia. En muchos casos se cuenta con polígonos industriales
que no responden a ningún plan estratégico ni línea de desarrollo, pero cargados de mucho voluntariado, ilusiones a
la vez que frustraciones. Polígonos que, en algún caso, han proliferado como
setas pero que incluso pueden llegar a carecer de la potencia eléctrica
necesaria o banda ancha. Un gran dislate. Las comunidades autónomas y los
ayuntamientos muchas veces han comprado el collar antes que el galgo. Ha
faltado una planificación rigurosa, coordinada y con unos objetivos claros, a
la vez que la falta de herramientas eficaces para hacer frente al problema.
Lo cierto es que
donde no hay mercado no hay posibilidad de desarrollo. Esta es la situación del
80 por ciento del territorio de las provincias que limitan con Madrid. La
actuación política debe ir precedida de un desarrollo industrial integral para
el conjunto de estos territorios con un plan de actuación jerarquizado y
acompasado en el tiempo. Una cuestión técnica que debieran abordar las
diferentes comunidades autónomas en un marco de cooperación entre ellas, las
administraciones públicas y la superior dirección o supervisión del Estado.
Para crear mercado y evitar el flujo de ciudadanos hacía Madrid u otros
poderosos focos industriales, el Estado ha de tomar una decisión política:
incentivar el establecimiento de empresas e impulsar el desarrollo industrial
en estas zonas deprimidas para fijar población. Para ello es necesario una
decisión política que algunos venimos planteando desde hace tiempo, tanto en
sede parlamentaria como en diferentes foros políticos: asimetría fiscal en el
impuesto de sociedades en función de la catalogación de las áreas territoriales
en las que operen, así como la intensidad de su aplicación. De la misma manera
que es necesario otorgar beneficios fiscales a los pobladores. Sólo así se
podrán salvar la ventaja competitiva que ofrecen ciudades como Madrid o su zona
periurbana.
El equilibrio
territorial en materia de población es una cuestión de Estado. Las zonas despobladas
están condenadas al ostracismo, al deterioro patrimonial, medioambiental y a la
pérdida de las costumbres y del legado histórico, tangibles e intangibles, de
valor incalculable. Regular el mercado con la mínima actuación es necesario
para evitar este problema y dotar de vida
estas zonas. Pensemos que los 71.000 nuevos vecinos que sumó Madrid en
2018 es la mitad de toda la provincia de Segovia, por ejemplo. Si no se hace
nada Madrid y otras grandes zonas de desarrollo despoblarán su entorno.
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