El Gobierno
socialista acaba de presentar en el Congreso de los Diputados sus primeros
presupuestos de la era Sánchez. Unos presupuestos reformistas y atrevidos que no dejan
indiferente a nadie, bien sea de derechas, de izquierdas, nacionalista,
independentista o nada de esto. Es un presupuesto con un claro contenido
social, acorde con la naturaleza socialdemócrata del Gobierno, con el mayor
crecimiento de ingresos de la etapa democrática. Un presupuesto expansivo, que
tiene como objetivo dinamizar la economía y traducir la salida de la crisis a
quienes más la han sufrido. Un presupuesto que marca una clara diferencia entre
la forma de entender la política y el despliegue de las políticas de acción de
la derecha y la izquierda. Para ello se huye de la ortodoxia merkeliana de los últimos años y sitúa
al ciudadano en el centro de acción de las iniciativas presupuestarias.
El proyecto de presupuesto
de 2019 es el de mayor contenido social de los últimos años. Prueba de ello es
que el gasto social alcanza el 57 por ciento del gasto total. Se vuelve a la actualización de las pensiones
con el IPC con subidas significativas para las pensiones mínimas y las de
viudedad, muy por encima de la subida media estipulada. También se recupera la
atención a la dependencia, el subsidio a los mayores de 52 años, el impulso a
la educación infantil, la supresión del copago farmacéutico… Estas medidas van
orientadas a dar respuesta al colectivo de personas más desfavorecidas. Los
funcionarios experimentan también la mayor subida desde 1996, respetando el
acuerdo que el Gobierno del PP firmó con los sindicatos. La redistribución de
la renta y el impulso del consumo, y con ello del empleo, constituyen dos
actuaciones absolutamente necesarias para nuestra economía. Por suerte seguimos
creciendo por encima de otros países de la UE y cualquier impulso viene bien,
en un momento en el que aparecen nubarrones en el escenario mundial. No bajar
del 2,2 por ciento de crecimiento del PIB es un objetivo obligado. De ahí que
el proyecto de presupuestos contemple una expansión del gasto.
Lo que más polémica
está suscitando son los ingresos. Crecen un 9,2 por ciento en relación a lo
recaudado en 2018. La relajación del déficit público en cinco décimas que Bruselas
autorizó no tuvo correspondencia con la aprobación en el Congreso de la senda
de déficit. El PP y Cs pusieron todo su
empeño en que eso fuese así. Ello nos hubiese permitido disponer de cinco mil millones
de euros adicionales, precisamente los mismos que se desvió Montoro en el
último ejercicio presupuestario. Nunca es tarde para readaptar el objetivo de
déficit. Las nuevas figuras impositivas permitirán dar soporte a un cuarto de
ese crecimiento, gracias a las tasas Tobin y Google que otros países están
implementando, así como a una mayor progresividad fiscal que no erosiona ni a
las empresas medias ni a la clase media española. El nuevo Sistema de Información Inmediata de las cuentas públicas diseñado e
impulsado por el anterior ministro de Hacienda permitirá regularizar la
situación y disponer de otros 5.000 millones de euros adicionales provenientes
de la liquidación del IVA. Y, por último, los ingresos restantes – 9.000 M€- se
confían al ciclo económico, al igual que se ha hecho en los últimos siete
ejercicios, si bien en el último el Gobierno del PP siguiendo las directrices
impuestas por CS bajó impuestos y se permitió el lujo de presupuestar
actuaciones como la subvención de los vuelos entre las islas y la península sin
la correspondiente dotación presupuestaria. Algo que siempre ha formado parte
de la doctrina Montoro a la hora de
elaborar el presupuesto anual.
La otra gran
polémica gira en torno a la asignación presupuestaria en inversiones para
Cataluña. Es la que más crece con
diferencia en el presupuesto de 2019. Ese crecimiento no se corresponde con la
mayor asignación per cápita comparada. La asignación a Cataluña asciende a 270
€/habitante, muy lejos de los 458 de Castilla y León, o de los 458 de
Extremadura o Aragón. Debido a la tensión existente en Cataluña se ha invertido
poco en los últimos años, más teniendo en cuenta que la mayoría de los peajes
de las autopistas son de pago, y carecen de alternativas, y sus
infraestructuras tanto en carreteras como en ferrocarriles son muy precarias.
La oferta que en su momento realizó Artur Mas al presidente Rajoy en materia de
infraestructuras tuvo una respuesta cicatera. Yo mismo, como portavoz de
Fomento de mi grupo en ese momento, tuve la posibilidad de informarla y los
temas en los que no procedía su admisión se limitaban a muy pocas cuestiones, y
todas ellas en el ámbito competencial, no económico
España necesita
presupuestos para dar certidumbre a los mercados y crear bienestar para
nuestros ciudadanos. El dinero siempre huye de los escenarios inestables. La
nueva política entiende que es necesario tumbar al que gobierna y lo mejor es
no apoyar los presupuestos, planteen lo que planteen, como rechazo a las
políticas y la acción de gobierno. Es un error manifiesto, lo haga quien lo
haga. Sólo sirve para erosionar el progreso y desacreditar la política,
cuestionando su razón de ser. Esta actitud es propia de políticos mediocres.
Por tanto, un gran acierto el de Sánchez dando este paso, no sin antes amagar e
invitar a todos los grupos políticos a votar los mismos. Es deseable que se
aprueben, con independencia de las modificaciones que puedan efectuarse fruto
de la negociación. El hecho de que el presidente del Gobierno haya tomado la
iniciativa política con su presentación ya le da en sí mismo un plus político,
por su puesto si salen adelante pero también en el caso de que no salgan. Es la obligación de un
gobernante. El presupuesto siempre tiene que trazar el futuro político. Y éste
lo hace.
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