La
reforma debatida en el Congreso conlleva la modificación del Estatuto de
Autonomía de esa Comunidad para cambiar la actual horquilla de diputados
autonómicos que recoge este texto a la baja. Con la aprobación de esta reforma sustentada en la mayoría absoluta del
PP, el Gobierno popular presidido por la Sra. Cospedal, a la
sazón secretaria general del PP en España, promoverá una reforma de la ley
electoral autonómica de Castilla-La Mancha para que les otorgue la suficiente
ventaja electoral. A su vez, elevará el techo para conseguir un diputado autonómico,
con lo cual elimina a los grupos minoritarios en detrimento de la pluralidad de
la Cámara.
Se
trata de un auténtico “pucherazo electoral”. Sin ningún tipo de escrúpulo ni de
honestidad democrática. Así lo puso de manifiesto el ponente que defendió la
reforma del Estatuto en el Congreso. Con un descaro propio de un representante
de un gobierno totalitario y ante la atenta mirada de la Sra. Cospedal en la
tribuna de invitados, el ponente popular, el Sr. Llamazares, articuló la
defensa de la reforma defendiendo la medida para reducir el gasto público y
demonizando al partido socialista, no sin antes poner en valor al Gobierno
popular de Castilla-La Mancha. Una argumentación débil y repleta de demagogia,
mucho más cuando los actuales diputados autonómicos de Castilla-La Mancha solo
cobran la dieta de asistencia y su dedicación es parcial. Por tanto, de ahorro
nada.
Se
trata de una reforma que busca la ventaja electoral del PP frente a otras
fuerzas políticas. Una reforma que el PP va hacer extensible a otras comunidades
como Galicia, Madrid, Extremadura, como ya han anunciado alguno de sus
presidentes. Un reforma sin consenso como requieren los cánones democráticos.
¿Cómo se puede promover una reforma del régimen electoral de Castilla-La Mancha
cuando la tramitación se ha saldado con 25 votos a favor y 24 en contra? Una
reforma de esta naturaleza debe contribuir a la estabilidad democrática. Para
ello debiera contar con la mayoría de los grupos y al menos una mayoría
reforzada de dos tercios. De lo contrario, la inestabilidad política está
servida. Se trata de una vuelta a las pautas políticas decimonónicas.
El
PP tiene intención de ir más allá. La mayoría absoluta representa una
oportunidad para adaptar la legislación electoral a sus intereses electorales.
Y así, el Gobierno popular baraja la idea de modificar el régimen electoral
local, de tal forma que gobierne siempre la lista más votada. ¡Casi nada! Con
esta medida, la derecha se garantizaría el gobierno de gran parte de los
municipios españoles, con independencia de que la izquierda supere con creces a
la derecha, o de que exista una
coalición mayoritaria. Se quebraría así la esencia de la democracia. Pero al PP
solo le preocupa y ocupa el control del poder.
Esta
nueva dinámica, de la que ha sido pionera y ha impulsado la secretaria del PP y
presidenta de Castilla-La Mancha, nos lleva a una desestabilización política y
a la desafección de los ciudadanos. Las distintas fuerzas políticas no se
pueden quedar de manos cruzadas. Se trata de un golpe antidemocrático en toda
regla que pone de manifiesto la frivolidad y falta de convicciones democráticas
del PP. Una forma de actuar que va en sentido contrario a lo que está
demandando la nueva sociedad de esta época.
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