Sostenibilidad sobrevenida para el PP

Allá, cuando en la pasada legislatura el Gobierno socialista, por el 2010, planteó la necesidad de abordar reformas de forma urgente en el sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo, el PP se opuso rotundamente. El Gobierno del PSOE pactó la reforma con sindicatos y patronal, pero el PP siguió en sus trece y votó en contra en las Cortes Generales.

Se planteó el aumento del periodo de cotización de los 15 años a los 25, y de la edad para acceder a las prestaciones de los 65 a los 67 años, con las lógicas excepciones, según el trabajo del que se trate. La propuesta de estos cambios venía motivada por el incremento de la esperanza de vida: se estima que en 2050 el 32 por ciento de los españoles tendrá más de 64 años y la esperanza de vida superará los 84 años. Ahora vivimos de media 15 años tras jubilarnos, mientras en los años 70 vivíamos siete. Por cada pensionista hay 1,8 trabajadores cotizando, y se prevé que en 2050 habrá 1,33 trabajadores. Estas fueron las razones por las que el Gobierno del PSOE propuso la reforma de las pensiones en 2010, al igual que hizo la reforma en 1985, también con la oposición de la derecha –entonces Alianza Popular-, cuando el periodo de cotización para tener derecho a pensión era de dos años, lo que daba lugar a todo tipo de fraude y hacía insostenible el sistema de pensiones.

La oposición fue mucho más fuerte. El PP demonizó a los socialistas por esta propuesta. A los parlamentarios se nos exigió que pidiésemos perdón a los españoles y, en mi caso, a los segovianos. En la oposición les importó “un pito” los pensionistas y el futuro de las pensiones de los españoles. Solo les preocupaba desgastar al entonces Gobierno de España para llegar al gobierno. Y ahora, que están de forma sobrevenida, les preocupa el futuro y sostenibilidad del sistema de pensiones.

El último Consejo de Ministros del año 2012 ha aprobado un decreto ley que suspende la aplicación de la reforma del Gobierno socialista en lo que se refiere a jubilación anticipada y parcial. Los artículos suspendidos establecen la edad mínima de 61 años para la jubilación anticipadas forzosas y los 63 para las voluntarias. El Gobierno del PP, aunque suene a sarcasmo, se ha dado un plazo de tres meses para buscar un pacto especialmente con el PSOE en el marco del Pacto de Toledo para eliminar prácticamente las jubilaciones anticipadas y adelantar la entrada la puesta en marcha de la ampliación gradual de la jubilación de 65 a 67 años. Buscarán también el apoyo de los sindicatos.

No será fácil que quien ha vituperado y denostado a las organizaciones sindicales pueda llagar a acuerdos con ellos de una forma rápida. Tampoco será fácil el punto de encuentro con las fuerzas de la oposición y, en especial, con el PSOE. En este año de Gobierno popular las perspectivas sobre el futuro del sistema de pensiones no han hecho más que empeorar. El Gobierno ha hecho uso de los 67.000 millones de la herencia que dejó el Gobierno socialista como Fondo de Reserva y los pensionistas han perdido la actualización de las pensiones de 2012 y cerca de dos puntos de entrada de poder adquisitivo en 2013. Y, para más desfachatez, hemos llegado a oír en el Congreso de los Diputados a la ministra de Empleo que esto es culpa de los socialistas.

Para nosotros, los socialistas, España, los españoles y sus pensionistas presentes y futuros están por encima de todo, auque algunos se empeñen en intentar demostrar lo contrario. Nuestro compromiso es firme. Pero resulta difícil dar apoyo a quienes han demostrado tener convicciones firmes para la defensa de sus intereses por encima de todo, aunque sea el interés general. Se trata de una cuestión de dignidad, y el Gobierno del PP, el Gobierno de todos los españoles, también el mío, en este tema se va a ver abocado a tomar una decisión impopular posiblemente en solitario o con los catalanes de CiU, como acostumbran –buenos compañeros de viaje en la defensa de la solidaridad del sistema de pensiones-. Pueden estar tranquilos. No haremos los que hicieron ellos. Eso sí, la mentira volverá a aparecer una vez más en los medios de comunicación que alimentan para seducir a los españoles de la bondad de sus reformas. Un proselitismo político al que nos tienen ya acostumbrados.

El drama de las preferentes y subordinadas

Son muchos los segovianos que se encuentran atrapados por la compra de ‘participaciones preferentes’ y ‘obligaciones subordinadas’. Las preferentes, canjeadas ya en su mayoría; y las subordinadas, todas ellas de la antigua Caja Segovia, ahora Bankia, pendientes de vencimiento entre agosto de 2013 y 2014, y distribuidas en tres emisiones. Todas tienen un denominador común: la desesperación e indignación de personas, por lo general modestas, ante la pérdida potencial de una parte de sus ahorros ganados con mucho esfuerzo y que pensaban se encontraban a buen recaudo.

En Segovia, el número de afectados por la compra de obligaciones subordinadas en Bankia puede ascender a cerca de 2.500 personas. Segovianos de distintas edades, tanto del medio rural como del urbano, que compraron estos productos para preservar sus ahorros y alcanzar una pequeña rentabilidad. La compra siempre se hizo siguiendo las directrices de los directores y empleados de su sucursal, en los que confiaban plenamente, y bajo la creencia de que en todo momento podía recuperar el dinero afectado a la compra de estos productos y sin ningún riesgo, como así les garantizaron.

La realidad ha sido muy diferente. Los productos eran de alto riesgo y tenían un objetivo claro para los responsables de Caja Segovia, la capitalización de la entidad a través de estos productos ante la imposibilidad de utilizar otros procedimientos alternativos que utilizaban los bancos. En definitiva, productos que, por su complejidad y riesgo, nunca se debieran haber podido comercializar a clientes no expertos, y en los que claramente fallaron los mecanismos de supervisión.

Hace unos día, desde el PSOE hicimos un llamamiento público en Segovia convocando a todos los afectados por la compra de ‘participaciones preferentes’ y ‘obligaciones subordinadas’. La cita vino precedida de un anuncio público previo por mi parte, valorando la magnitud que el problema podía tener en la provincia de Segovia, y el encuentro con directivos de diferentes instituciones financieras segovianas de distintos niveles. A la cita acudieron del orden de 50 personas. Muchas de ellas parejas, de diferentes edades y procedencias, tanto del medio rural como urbano.

La angustia y la incertidumbre están presentes en todos ellos. Algunos tienen todos sus ahorros en ‘preferentes’ y ‘subordinadas’. Los más tienen ‘subordinadas’ de diferentes emisiones. Aquellos que canjearon ‘preferentes’ manifestaron que se les forzó a ello. La voluntad nació, por lo general, viciada. Se les ofreció el canje por acciones de Bankia a raíz de la ampliación de capital, como alternativa a no perder todo. Casi todos aceptaron –según nos contaron-, pero la realidad es que canjearon a más de tres euros y hoy su valor es de 68 céntimos y a la baja. Se sienten engañados e impotentes. Su banco o caja de siempre les ha fallado.

Los afectados por ‘subordinadas’ son aún más. Muchos no son ni tan siquiera conscientes del problema. Piensan que al vencimiento recuperarán todo el nominal, tal y como reza el contrato; otros se esconden y no quieren reconocer que han sido engañados, cuanto menos. Las oficinas de Bankia no están informando y están dando largas. Lo he podido comprobar personalmente en dos de ellas. Derivan la situación y se hacen el loco, remitiendo, si se aprieta mucho, al ámbito superior. Pero también he podido comprobar que gran parte de los directores de las oficinas han sido informados de la situación, aunque no de forma precisa.

La situación es la siguiente –según nos han informado algún responsable de Bankia del máximo nivel, al cual se lo agradezco-: A partir del mes de febrero, fecha en la que se podrá a disposición de Bankia el dinero procedente del rescate de Europa, las ‘subordinadas’ perderán un punto y medio a contar desde esa fecha hasta el vencimiento. Es decir, las primeras en vencer –junio 2012.- tendrán una quita de un 7,5 por ciento; las segundas en vencimiento de un 20 por ciento, y las últimas, un 40 por ciento. Al vencimiento, el nominal restante se canjeará por acciones de Bankia después de hacer la ampliación de capital. Hay que tener en cuenta que la ampliación de capital trasladará el precio actual de 68 céntimos a unos 30 céntimos. Es lo que se prevé. De esta manera se preserva y garantiza que la pérdida será menor y no se ampliará la quita al alza. Pero son muchos los que tiene problemas de liquidez.

El ministro de Economía ha anunciado estos días que se va habilitar un arbitraje realizado por entidades privadas para que todos aquellos que demuestren que han sido engañados, y fuesen ahorradores y no inversores, se eviten acudir a la vía judicial y recuperar así el 100 por cien del nominal por la vía del arbitrio. Desde el PSOE esta solución creemos que es adecuada, pero siempre que la conciliación la realice una entidad pública, como puede ser la Comisión Nacional del Mercado de Valores –CNMV-. El problema radica en que hay muchas personas que ya ha sufrido el efecto del canje de las preferentes, o, si ustedes prefieren, el indigno sablazo.

En todo caso, como alternativa a la vía del arbitraje queda la vía jurisdiccional. Bien por la vía penal mediante la presentación de una querella criminal ante una presunta estafa; o bien la vía civil, si bien, bajo el desembolso de una cantidad que puede oscilar entre los 800 y 3.200 euros para recuperar la totalidad del dinero, gracias a las nuevas tasas judiciales del Sr. Rajoy. Los afectados tienen claro que la idea de asociarse puede constituir un buen paso para la mejor defensa de sus derechos, con el consiguiente apoyo jurídico.

El drama está servido. En la reunión que mantuvimos en la sede del PSOE, con el ánimo de orientar y dar un poco de luz a las personas afectadas, nos encontramos auténticos dramas. Desde la persona mayor que consiguió ahorra en su vida 80.000 euros y ahora se le pueden quedar en 48.000 euros; o desde la pareja que necesita imperiosamente sus ahorros para hacer frente al desempleo de ambos. Un problema gordo que crea indignación, mucho más cuando los directivos de Caja Segovia se han hecho un traje a medida con planes de jubilación que alcanzan los 35 millones de euros, o retribuciones millonarias que en algún caso, como era el director general, llegaban a un millón de euros. Por eso clama justicia. Y es de justicia que se depuren responsabilidades, que todo apunta a que las hay: no se informó adecuadamente y se escondió una carta marcada. Los hechos lo delatan.

Desde el PSOE, estamos trabajando en el Grupo Parlamentario y seguiremos trabajando para encontrar una solución a este problema. El Gobierno ha negociado mal en Europa. No ha sido capaz de hacer ver a las autoridades europeas el transfondo social del problema. Ahora se escudan en que es una condición que impone Europa para financiar la banca y donde tanto los accionistas, como los poseedores de preferentes y subordinadas, por este orden, han de contribuir con la carga correspondiente al saneamiento de la banca. Es lógico que contribuyan los accionistas, pero no aquellos que han sido engañados mediante la venta de ‘preferentes’ y ‘obligaciones subordinadas’. La situación reclama justicia en su doble vertiente: social y penal, en su caso.

Engaño a los pensionistas segovianos

 

El anuncio del Gobierno de no revalorizar las pensiones con la pérdida de poder adquisitivo de la economía en 2012 supone un claro engaño a los 32.1000 pensionistas segovianos; también al resto de los españoles. Una burla, si nos ceñimos al devenir de los acontecimientos. El PP aprobó los presupuestos de 2012 afirmando que cumpliría la Ley a efectos de revalorización de pensiones. No lo ha hecho, y lo que es peor, ha esperado hasta diciembre, una vez superadas las elecciones vascas, gallegas y catalanas, para hacerlo público. En el Congreso se lo hemos preguntado al Sr. Rajoy en estos últimos meses en reiteradas ocasiones. El silencio ha sido su respuesta. Lo cierto es que ha engañado a sus ciudadanos, algo que en otros países le obligaría a presentar la dimisión.

Cada pensionista segoviano dejará de percibir la paga única compensatoria de enero para restañar la pérdida de poder adquisitivo por la desviación de la inflación prevista en 2012 en un 1,9 por ciento. Teniendo en cuenta que la pensión media en Segovia se sitúa en 774 euros al mes, cada segoviano dejara de percibir por este concepto una media de 176 euros en cómputo anual. Una cantidad importante, sobre todo para el 32 por ciento de los pensionistas segovianos que cobran la pensión mínima, pero para el resto también. Hay que tener en cuenta que la pensión media en Segovia está por debajo de la media nacional y autonómica.

Durante 2013 los pensionistas segovianos seguirán pediendo poder adquisitivo. Para que no fuese así debieran consolidar en sus pagas un incremento del 1, 9 por ciento, que es lo que ha crecido la vida este año hasta noviembre –que se toma como referencia- más la inflación prevista para 2013 del 1 por ciento. En total, un 2,9 por ciento. Los 24.000 pensionistas segovianos que cobran menos de 1.000 euros al mes perderán casi un punto mensual, unos 89 euros de media al año; y  los 8.000 restantes, casi dos puntos. Pérdida adquisitiva que se suma a la ya provocada por la subida del IRPF y el IVA.

Los pensionistas están soportando gran parte del peso de la crisis. Con sus rentas, en muchos casos, están sosteniendo a hijos e incluso nietos. Está medida no es solidaria con quienes más solidarios están siendo. Es injusta y no progresiva. Se da la circunstancia de que el partido del Gobierno vuelve a utilizar a los pensionistas para su beneficio político. Una vez más intenta envolverlos con su marketing político y engañarlos, como sin ningún escrúpulo hizo en sus primeras declaraciones la ministra Báñez, cuando afirmó el cumplimiento de su compromiso con los pensionistas con esta medida.

La medida tiene visos de ser inconstitucional. El artículo 9 de la Constitución señala “la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales”. La actualización de las pensiones es un derecho ya adquirido por los pensionistas y quitarlo significa infligir la norma suprema. Por esta razón el PSOE presentará recurso de inconstitucionalidad.

Alguien puede pensar que el PSOE hizo lo mismo, y voces en ese sentido se escuchan, pero no es verdad. El Gobierno del PSOE en 2011 actualizó las pensiones como consecuencia de la desviación de 1,3 puntos con respecto a la inflación prevista en 2010. En enero de ese año los pensionistas segovianos cobraron su paga compensatoria por un valor medio de 126 euros de media. Y a todos los pensionistas se les subió en 2011 un mínimo de 1,3 puntos para que no perdieran poder adquisitivo, y a los 13.000 segovianos con pensión mínima un 2.3 por ciento. Ningún pensionista segoviano perdió poder adquisitivo como ahora; ni en Segovia, ni en España.

Esto no impidió al PP afirmar lo contrario. La actual diputada por el PP, la Sra. Beatriz Escudero, me exigió a mí personalmente, como secretario general del PSOE en Segovia, que “pidiese perdón a los segovianos”. La verdad, no sé muy bien por qué, ya que el PSOE nunca engañó a los pensionistas. En los presupuestos de 2011 –aprobados en 2010- el Gobierno socialista ya dejó muy claro que las pensiones mínimas se revalorizarían un 1 por ciento y que el resto se congelaban por ese año solo, quedando a tal efecto derogado temporalmente para ello el artículo 48.1 de la Ley General de la Seguridad Social. Quien sí mintió fue el PP. Es algo claro. Lo que no tengo tan claro es que Beatriz Escudero sea consecuente y pida perdón a los pensionistas segovianos.           

Agravio a la honestidad

En estos días hemos conocido los resultados de la amnistía fiscal decretada por el Gobierno del PP. Se han recaudado 1.200 millones de euros, casi la mitad de lo que tenían previsto, 2.500 millones de euros. Los populares basaron su decisión ante al necesidad de recuperar los ingresos públicos en una situación extraordinaria.

La amnistía ha sido un guiño en toda regla a los defraudadores, o, si lo prefieren, delincuentes de cuello blanco, y un agravio para todos aquellos que cumplimos honestamente con nuestras obligaciones y deberes fiscales. Una invitación a defraudar que sin duda repudiamos y nos parece indigno de un Gobierno democrático.

La amnistía fiscal ha permitido a los defraudadores regularizar bienes y derechos por los que no habían tributado, siempre que pagaran un 10 por ciento de multa, un tipo muy inferior al aplicado a la mayoría de infractores. Pero, además, les ha blindado de investigaciones penales por el dinero oculto. El programa de amnistía se ha extendido al dinero oculto antes de 2008, fecha de la prescripción del delito, limitando la multa del 10 por ciento a los intereses generados entre 2008 y 2010. Se han acogido a esta dádiva, después de seis meses, 31.484 declaraciones por un valor medio de 37.830 euros por declaración.

Los defraudadores se han sentido poco atraídos por la oferta. La mayor parte de ellos percibe que este Gobierno es laxo en la persecución del fraude fiscal; prueba de ello es la baja recaudación alcanzada en el último año, muy inferior a la de años anteriores. Para ellos el acogimiento a la amnistía fiscal significa ponerse en el punto de mira, lo que dificultaría en un futuro acogerse a una práctica que les reporta pingües beneficios.

Montoro ha pecado una vez más de frívolo. Ha vendido la piel del oso antes de cazarlo. Su falta de credibilidad y su variabilidad en los planteamientos es posible que haya llevado a muchos defraudadores a percibir que nada cambiará en el futuro, y que, por tanto, el riesgo asociado a los recursos puestos en juego es al menos estable y no superior a la opción de conciliarse con el fisco.

En este proceso, o fuera de él, solo ha habido una actuación satisfactoria: la detención del antiguo secretario general de la CEOE, el Sr. Díaz Ferrán. Un presunto y claro delincuente de cuello blanco sobre el que la Agencia Estatal de Administración Tributaria -AEAT- debiera haber actuado mucho antes. Su descaro era conocido, y los que tuvimos alguna vez la oportunidad de compartir mesa y mantel alguna vez en un círculo reducido de personas, enseguida descubrimos que, más allá de la inconsistencia que rezumaba por doquier, detrás de su figura solo había humo y nada más que humo. Lo que no es de extrañar, cuando su ídolo político era la Sra. Aguirre. A la que llegó a piropear en público en un acto de exaltación de los valores liberales y, por lo visto, del fraude fiscal.

Confesores

Marcos, como otros muchos segovianos, tuvo siempre una confianza ciega en Caja Segovia. Allí tenía sus ahorros, que día a día mimaba y le recordaban tiempos peores, cuando el hambre y la escasez marcaron gran parte de su vida. La rentabilidad era lo de menos. Lo importante, una vez que sus hijos estaban encauzados, era conservar lo que se tenía por si algún día lo necesitaban.

Y qué mejor consejero que Frutos, el director de la sucursal del pueblo, al que le contaba sus penas y consultaba casi todo lo que tenía que ver con su situación económica. De él siempre recibía una excelente atención cuando se acercaba a la Caja. O, incluso, le adelantaba dinero para gastos sin necesidad de hacer ningún trámite, ni papeleo; o le gestionaba la PAC y se encargaba de todos los trámites siempre complejos de la declaración de la renta. Un buen servicio que no tenía precio.

Un buen día Frutos comentó a Marcos la posibilidad de mejorar el rendimiento de sus ahorros mediante la compra de unos valores muy seguros que había emitido la Caja. En cualquier momento podía vender y recuperar el dinero invertido, aunque el vencimiento era a 10 años. Le ofreció Obligaciones Subordinadas. Marcos no lo dudó. Si Frutos se lo ofrecía, era porque velaba por sus intereses. La rentabilidad era lo de menos. Y aunque le contó algún que otro detalle, que no entendió, Marcos tenía una fe ciega en su director de sucursal. Las aceptó.

Lo que nunca le contó Frutos a Marcos es que esos productos tan rentables que le ofrecieron formaban parte de uno de los objetivos que los directivos de Caja Segovia había marcado a sus empleados, y por los que a su vez se les compensaría con una gratificación. La red de confianza de la Caja funcionaba. Y eran muchos “los Frutos” que actuaban de buena fe hacia “otros Marcos”. Incluso ellos mismos no llegaban a entender bien el alcance de los valores preferentes y obligaciones subordinadas que ofrecían a sus fieles clientes. Prueba de ello es la colocación de estos valores y obligaciones entre sus familiares, en muchos casos.

Hoy Marcos está apenado, a la vez que Frutos siente vergüenza cuando se cruza con él. No solo porque el denominado mercado secundario comprobase hace tiempo que no existía, sino porque hoy ha conocido las consecuencias del rescate de Bankia sobre las subordinadas que le vendió Frutos.

Sus ahorros se verán mermados –según informe de la propia entidad- en un 14 por ciento, en el mejor de los casos. El 56 por ciento restante se canjeará por acciones de Bankia al precio del mercado, lo cual dada la situación es incierto, si decide liquidarlo. Peor les va a ir a los de las preferentes, donde la “quita” se eleva al 39 por ciento, según Bankia. Los ahorros de gran parte de una vida se esfuman, pero también la confianza.

Marcos ha descubierto, después de muchos años, que la “confianza” es un valor a la baja. ¡Quién se lo iba a decir a él! Nunca pensó que Frutos le fallase, aunque quien le falló realmente fue su Caja y quienes la dirigían. Esos que con sus decisiones ahora han puesto en grave peligro la viabilidad futura del trabajo de Frutos. ¡Verlo para creerlo!

Hoy Marcos y su familia se sienten estafados. Tienen poca confianza en recuperar sus ahorros. Pero, a medida que van dando vueltas al tema, están más convencidos de que se ven con la obligación moral de que se respeten sus derechos y su dignidad. Se debaten entre acudir a la vía civil o penal. Su abogado le recomienda que acuda a esta última mediante la interposición de una querella criminal y pida responsabilidades.

Para Marcos el dinero es muy importante, pero la pérdida de confianza más. Hoy ya no cree en sus ‘confesores’, ni mucho menos en aquellos que le dijeron una cosa y han hecho todo lo contrario, como le acaba de ocurrir con su pensión. A la vejez viruelas.

Apoyo:

Preferentes

Los valores preferenciales usualmente no tienen ningún derecho al voto, pero pueden tener prioridad sobre las acciones comunes en el pago de dividendos y al llegar la liquidación. Los valores preferenciales pueden tener un dividendo que es pagado antes de cualquier dividendo que se esté pagando a los accionistas comunes. Los valores preferenciales pueden tener la característica de convertibilidad en acciones comunes. En quiebra, se les pagará a los accionistas preferenciales con activos antes que a los accionistas comunes y después de los acreedores en bancarrota. Las condiciones de los valores preferenciales son establecidas en un “Certificado de Designación”. A diferencia de las acciones comunes, las acciones preferenciales generalmente tienen varios derechos añadidos:

Es el de preferencia en el pago de dividendos y de liquidación de la compañía. Antes de que se pueda declarar un dividendo en las acciones comunes, hay que satisfacer cualquier obligación de dividendos de las acciones preferenciales.

Los derechos de dividendos muchas veces son acumulativos, de manera tal que si el dividendo no se paga es acumulativo de año a año.

Las acciones preferenciales pueda que tengan o no un valor de liquidación fijado asociado a él. Esto representa la cantidad de capital que se contribuyó a la sociedad anónima cuando fueron emitidas las acciones.

Las acciones preferenciales tienen un derecho a bienes de liquidación de una sociedad anónima con acciones equivalente a su valor de liquidación a menos que sea negociado de otra manera. Este derecho es superior al de acciones comunes, las cuales solo tienen un derecho a residuos.

Casi todas las acciones preferenciales tienen una cantidad de dividendo fijo negociado. El dividendo es usualmente especificado como un porcentaje del valor de liquidación o como una cantidad fijada. Por ejemplo, Pacific Gas & Electric 6% serie A preferencial.

Algunas veces los dividendos en acciones preferenciales pueden ser negociados como flotantes; es decir, pueden variar según un índice de tasa de interés especificado, tal como el LIBOR.

Derechos

Algunas acciones preferenciales tienen derechos de voto especial para probar ciertos eventos extraordinarios (tales como la emisión de nuevas acciones o la aprobación de la adquisición de la compañía) o para elegir directores, pero la mayoría de acciones preferenciales no tienen derechos de voto asociados con ellos. Algunas acciones preferenciales solo obtienen derechos de votación cuando los dividendos preferenciales están en atraso por un tiempo considerable.

Usualmente las acciones preferenciales contienen provisiones protectoras que prohíben la emisión de nuevas acciones preferenciales con un derecho superior. Series individuales de acciones preferenciales pueden tener una relación superior o inferior a otras series emitidas por la misma corporación

Deuda subordinada

La deuda subordinada está formada por títulos de renta fija cotizados en el Mercado de activos de renta fija privada. Se trata de un producto financiero de muy alto riesgo y difícil funcionamiento. Su funcionamiento dista mucho al de un Depósito a plazo fijo por tratarse de un producto ilíquido. El capital invertido no está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos. Su principal diferencia frente a la deuda de máxima calidad es que, en el caso de una eventual liquidación de la entidad, se situaría en la parte baja de la lista de acreedores. Por tratarse de un bono arriesgado, en ocasiones se compensa con un rendimiento más alto.

Se trata de deuda con vencimiento superior a 5 años, que absorbe pérdidas, sólo en caso de liquidación, por delante del resto de acreedores.1

Los inversores, la mayoría particulares, con datos de la CNMV, Bloomberg y de las propias entidades, tienen en sus manos más de 6 700 millones de euros en este tipo de bonos de la banca rescatada.2

La agencia de medición de riesgos Moody's rebaja la calificación de la deuda subordinada y productos híbridos de los grupos bancarios españoles, controlados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y sujetos a reestructuración. Argumenta las muy altas pérdidas esperadas, así como los planes de Gobierno para imponer pérdidas a los titulares de estos instrumentos.3

Justicia para ricos

El Gobierno ha encontrado una ‘fórmula mágica’ para reducir las colas en la Justicia y disminuir su gasto: limitar su acceso mediante la elevación de las tasas judiciales. Con estas tarifas solo podrán acudir a la Justicia quien tenga dinero. La mayor parte de los españoles no podrá acudir a la Justicia en defensa de sus derechos e intereses, si lo necesitan. Se vulnera así la tutela judicial efectiva aumentando la desigualdad entre los españoles. La sociedad española se divide en relación a la Justicia en dos grupos: los ricos con suficiente capital para pagar pleitos, con independencia de su cuantía y coste; y la gran mayoría de los españoles, que no se podrán permitir la defensa de sus derechos por una cuestión de renta, salvo aquellos que cuyo nivel de ingresos les permita el acceso a la justicia gratuita.

En 1986 el Gobierno del PSOE suprimió las tasas judiciales para permitir que todos los españoles pudieran recurrir a la Justicia, cualquiera que fuera su posición económica o posición social. El Gobierno de Aznar, en 2002, introdujo las tasas judiciales para las empresas con facturación superior a seis millones; y, ahora, el Gobierno de Rajoy, con la reciente ley aprobada, eleva de forma desmesurada las tasas y extiende su aplicación a las personas físicas, lo que va contra la doctrina jurisdiccional dictada por el Tribunal Constitucional. Un gran retroceso democrático.

Las nuevas tasas judiciales suponen en muchos casos mayor cuantía que el propio objeto del litigio. Así, a título de ejemplo, para recurrir una multa de tráfico de 100 euros hay que pagar una tasa judicial de 200 euros; o un demandante por la vía civil para recuperar unos ahorros de 100.000 euros en preferentes tendrá que pagar un mínimo de 800 euros y un máximo de 3.800 euros, si llega al Tribunal Supremo.

La subida de las tasa judiciales impuestas por el Gobierno van a oscilar entre los 50 y 1.200 euros, que aplicado a determinados procesos judiciales se pueden traducir en miles de euros.

La ley se ha tramitado sin ninguna voluntad de acuerdo. Una vez aprobada y en vigor, se encuentra en “vacatio legis”, como consecuencia de la falta de impresos; al menos eso dicen. El PP, una vez más, se ha vuelto a quedar solo. En contra de esta ley están todos los colectivos y profesiones jurídicas. El presidente del Consejo General de la Abogacía ha declarado que: “Esta Ley va a consagrar una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia a un gran número de ciudadanos”.

El PP en este proceso ha mostrado sus peores artes. Al que firma estas líneas, los senadores del PP en Segovia le han acusado de mentiroso por manifestar lo recogido en esta columna. Realmente quien mienten son ellos; y, además, lo hacen con premeditación y alevosía, al margen de los segovianos que representan. Lo que es más grave, porque alguno de ellos compatibiliza su ejercicio profesional con el de la abogacía y no tiene ningún problema para reconocer en privado a sus compañeros de profesión que está en contra de las tasas judiciales establecidas por esta ley, lo que no le ha impedido votar a su favor en el Senado. Así es el PP.

Un año de Gobierno popular

“¡Qué se hunda España, que ya lo levantaremos nosotros!” Estas palabras del entonces diputado del PP, Sr Montoro, en mayo de 2010 cuando el Gobierno socialista inició las reformas, eran premonitorias de lo que podía suceder después y ha acaecido. El PP no tenía otro proyecto alternativo al Gobierno socialista que su propio proyecto: llegar a La Moncloa como fuese y a cualquier precio, aplicando una política de tierra quemada. Antepusieron los intereses del PP a lo que necesitaba España en ese momento, y no colaboraron nunca con el Gobierno socialista para salir de la crisis.

“Más empleo; y menos impuestos. Palabra de Rajoy”. Esto se podía leer en las vallas publicitarias en la campaña electoral. La palabra de Rajoy ha resultado ser un fiasco y ya no vale nada. Dijo que no subiría el IVA y el IRPF, y los subió; dijo que las pensiones no perderían poder adquisitivo, y lo han perdido. Ha llevado acabo una reforma laboral que supone la mayor quiebra de derechos sociales de la historia de nuestro país con la precarización del empleo…

El paro se ha incrementado un 18 por ciento en este año y la situación social, económica y política es mucho peor que aquel 20 de noviembre de hace un año. El PP no tiene hoja de ruta pero sí tiene muy claro su modelo: el neoliberal. Que se traduce en menos Estado y más mercado. Deja a su suerte a los españoles y quiebra la cohesión social y el Estado del Bienestar. Estamos viendo cómo se recorta día a día la sanidad, la educación y la dependencia, que han devenido en las ‘ovejas negras’ del  Gobierno del PP, para beneficio de la iniciativa privada.

Su justificación siempre es la misma: la herencia recibida y la imposición de Europa. Para ello, no tiene ningún reparo en utilizar la mentira como arma política. Saben que la herencia recibida es el resultado de una estructura económica muy débil, como consecuencia de la falta de una política económica consistente desde el siglo XIX; los enormes desequilibrios territoriales y el consumismo exacerbado, como consecuencia de la política expansiva del gasto provocado por la banca y la burbuja inmobiliaria. Sin quitar mérito a la expansión del gasto público tanto de los gobiernos de Aznar como de ZP, o autonómicos.

Basta recordar los nuevos siete hospitales construidos en Madrid por Esperanza Aguirre en estos últimos años o las traviesas de Álvarez Cascos diseminadas por todo el territorio nacional, con el gasto asociado que suponen; o las obras faraónicas de Ruíz Gallardón. Pero claro, de todo esto para el Gobierno del PP tiene la culpa el Gobierno socialista; y Europa que se lo impone. El PP gobernaba en la mayor parte de las CCAA el 20 N del pasado año, pero ahora resulta que  ni conocían el gasto, ni se enteraban, iba con ellos.    

Lo cierto es que los segovianos y los españoles son más pobres que hace un año. Son muchas más las familias que lo están pasando mal, y, además, ha disminuido la protección social. España va a perder este año un punto y medio de PIB. El 2013 no se presenta mejor. Estos eran los que vendieron que con simplemente sentarse en La Moncloa ya estaba todo arreglado. Y lo peor es que muchos españoles depositaron en ellos su confianza pensando que se arreglaría todo. ¡Vaya fiasco!

Segovia a la vanguardia cultural

Si algo caracteriza la gestión de la ciudad de Segovia es su rica vida cultural. Segovia, con el Gobierno socialista, y con su concejala de Cultura al frente, Clara Luquero, está a la vanguardia de la cultura no sólo española, sino europea. Una acción cultural que se aleja mucho de los rancios parámetros que informan la actividad cultural de la Junta de Castilla y León y del resto de las ciudades de la Comunidad castellano leonesa. El Hay Festival, MUCES, la actividad del centro cultural La Cárcel, en la antigua cárcel, Titirimundi o los Festivales de Música de Verano son algunas de esas manifestaciones culturales de calidad que le dan a Segovia un aire fresco en el panorama cultural español y la convierten en un referente, lo que tiene más mérito cuando los recursos son escasos, y cada vez las dificultades son mayores.

Esta semana se celebra en Segovia la VII Muestra de Cine Europeo ‘Ciudad de Segovia’, MUCES. La noche del sábado tuve la oportunidad de asistir a la denominada ‘Gala del Cine’, que se celebra tradicionalmente en el Parador de Segovia asociada a este festival. En esta ocasión se homenajeaba a la gran directora de cine y actriz Iciar Bollaín. A pesar de su corta producción cinematográfica, pues hasta el momento ha dirigido seis películas, alguna de ellas ha tenido gran repercusión cinematográfica y social, como Te doy mis ojos, que contó como protagonista principal a Luis Tosar y trataba el tema del maltrato hacia la mujer, tomando como escenario la bella ciudad de Toledo.

La Gala fue presentada por el Gran Wyoming. Dos horas casi de monólogos de una alta calidad. Estuvo sembrado. Iciar recordará este acto como la ‘gala del melón’. Una de sus compañeras de reparto recordó que cuando estaba embarazada le preguntó a Iciar qué se sentía en el parto, a lo que esta respondió que el parto era como “cagar un melón”. Esta cita le sirvió a Wyoming para hacer chistes y referencias continuas.

El ciclo de este año hace una mención especial al cine húngaro; el año anterior fue al ruso. Durante una semana se proyectan películas europeas no estrenadas comercialmente en España que han sido, o están siendo, grandes éxitos de crítica y público, y que están refrendadas por las instituciones cinematográficas de sus países y los festivales anuales.

MUCES, dirigido desde su inicio por el segoviano Eliseo de Pablos, es un festival que poco a poco gana presencia en las citas cinematográficas de España. Queda mucho para llegar a tener la notoriedad de festivales como el de San Sebastián, pero todo se andará. Los cimientos están puestos y el buen hacer es una seña de identidad de la Concejalía y de cuantos están al frente de este proyecto desde hace siete años.

El nuevo Parque Nacional del Guadarrama

En estos días se está procediendo a la tramitación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de Cumbres del Guadarrama. Se trata de una especial figura de protección que somete a un estricto régimen la intervención humana tanto dentro del parque nacional como en su zona periférica de protección, garantizando la conservación de los ecosistemas naturales y la viabilidad de su evolución natural, sin o con escasa intervención humana, tal y como regula la Ley de la Red de Parques Nacionales.

El futuro Parque del Guadarrama se extenderá a los largo de 33.684 ha, de las que 21.740 pertenecen a Madrid y 11.934 a Segovia. Un parque de cumbres cuyos límites los han marcado los alcaldes de los municipios colindantes. En el caso de Segovia, la Junta de Castilla y León ha mantenido las formas: los alcaldes acabaron claudicando ante las promesas y ayudas ofrecidas por la Junta; en el caso de la sierra madrileña, con la Comunidad de Madrid no ha sido así. Se han saltado a la torera el trámite de audiencia y las alegaciones, al más puro estilo “aguirrista”, como si la sierra fuese suya.

Ambas vertientes presentan notables diferencias, no por su belleza, que es sublime en ambos casos -aunque yo, como segoviano, me quedo con la Cumbre, Circo y Laguna de Peñalara-, sino por la utilización que de ellas ha hecho el hombre.

La parte segoviana se encuentra casi virgen. Los usos tradicionales y los diferentes propietarios y ayuntamientos de las parcelas que integran el parque han contribuido de una manera especial a su conservación. Una razón por la cual sus moradores no entienden que se les imponga restricciones de uso, que van más allá de la carretera N-I que establece la zona natural de protección o de la cañada soriana occidental, como establece el Plan de Ordenación de Recursos Naturales –PORN- aprobado por la Junta de Castilla y León. No ocurre así en la sierra madrileña. Allí, a pesar de contar con figuras de protección, desde la década de los 30 del anterior siglo, la especulación urbanística ha ido buscando su desarrollo asociado a espacios naturales de indudable belleza, como es este. Por eso hemos de proteger este paraje de la agresión violenta, para dejárselo como legado a futuras generaciones.

La declaración de Parque Nacional conlleva una limitación de usos. Se prohíbe la corta de madera, la caza y la pesca, pero no el pastoreo y cualquier otro tipo de prácticas agroganaderas naturales. Solo se permite el senderismo y el montañismo por las pistas y sendas. Una cultura ecológica que debe ser consustancial con el avance social y una mayor sensibilidad.

El ministro Cañete ha anunciado que, en el trámite parlamentario, ampliará el Parque en 2.700 hectáreas. En el ámbito de Montes de Valsaín. El anuncio ha levantado una gran polvareda y malestar entre los vecinos de La Granja-Valsaín. El ministro ha pensado que el parque era suyo, como si se tratase de un cortijo donde imponer su ley. La declaración de parque nacional requiere un amplio consenso social con sus moradores, propietarios y ayuntamientos, lo que no ha hecho el ministro. Si el PP, al final, sigue al ministro de Medio Ambiente, tendrá una gran contestación social, y carecerá de la legitimación necesaria.

El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad fundamentada en la dudosa legalidad, falta de consistencia y escasa ambición. El Gobierno del PP está utilizando la ley para evaluar y consolidar sus decisiones frente al poder judicial, como es el caso del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en el que intenta perpetuar la reducción de los niveles de protección establecidos por el PORN de la Comunidad de Madrid, y que están recurridos. El Proyecto de Ley de Declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama no reúne las suficientes garantías de seguridad jurídica exigibles, siendo susceptible de ver alterado en el futuro su contenido actual.

La discutible legalidad del proyecto de ley se sustenta, asimismo, por el evidente incumplimiento de los requisitos de transparencia y participación pública, establecidos en la ley 5/2007, en particular en lo relativo a la tramitación en la vertiente madrileña del futuro Parque Nacional. De este modo, cabe resaltar que en el procedimiento de aprobación del PORN de la Comunidad de Madrid se recibieron 18.500 alegaciones, junto con otras 1.046 en el procedimiento de aprobación de la propuesta relativa al Parque Nacional, alegaciones que no han sido contestadas, contraviniendo gravemente los artículos 10.5, 10.7 y 21 de la ley 5/2007. Las deficiencias en la tramitación, por tanto, justificarían por sí solas una enmienda a la totalidad, incluso en ausencia de la existencia de los recursos pendientes de sentencia definitiva a los que se ha hecho mención.

El Grupo Popular demuestra así una voluntad política contraria a la aplicación de los criterios inspiradores de las normas ambientales, no solo los relativos a los procedimientos, sino al propio contenido sustancial y a los objetivos de las mismas.

No cabe extrañarse: las Administraciones gobernadas por el Partido Popular han venido considerando las normas de protección ambiental como una “traba” para el desarrollo económico y ahora tienen la oportunidad de “disfrutar” de una evidente “amnistía” frente a las mismas.

La delimitación y contenido normativo de este proyecto de ley responde a la voluntad política del Gobierno de favorecer intereses particulares frente al interés general, conforme a lo establecido en la Ley 5/2007 que regula la Red de Parques Nacionales. .

La Ley representa un avance en la protección medioambiental de la Sierra del Guadarrama, aunque este se limite a las cumbres. Para mí, como ponente de la Ley, junto a la exministra de Medio Ambiente socialista Cristina Narbona, significa un gran honor defender estos espacios que forman parte de mi ocio y a los que nada más levantarme puedo ver y casi tocar desde niño. Espero que al PP se acerque a este proyecto con un espíritu muy distinto al que destila.

Justicia social para los desahucios

Una de las situaciones más dramáticas por la que puede pasar un ser humano es la pérdida de su vivienda por falta de medios económicos para poder pagarla. Mucho más si la situación es sobrevenida y las deudas te sobrepasan día tras día, ante la falta de trabajo o de rentas suficientes. En esta situación se encuentran muchos españoles. Más de 400.000 familias (el 10 por ciento de las hipotecas formalizadas entre 2007 y 2011). Los desahucios se han convertido en una de las manifestaciones más crueles de la crisis.

Pero el desahucio tiene muchas caras. Una de ellas es la repercusión en la autoestima y en la seguridad personal. A quien le quitan el techo, le están quitando el cobijo de su familia y la sensación de miedo y fracaso son consustanciales con su salud mental.

Es de estricta justicia social que nadie se quede sin casa y en la calle por no pagar la hipoteca al haberse quedado en paro o cualquier otra causa imprevista o ajena a su voluntad. Y para ello se han de establecer nuevas condiciones para que puedan hacer frente al pago en más tiempo. Y, en caso de dación en pago, con la posibilidad de seguir utilizando la vivienda familiar, asumiendo un arrendamiento social.

Los bancos están recibiendo ayudas y es razonable que los bancos ayuden a los más necesitados, más cuando ellos reciben dinero del Banco Central Europeo a un tipo de interés cero y con un periodo de carencia de tres años. Una inmoralidad, como recordaba el obispo de San Sebastián, el Sr. Munilla, quien, por una vez, sin que sirva de precedente, se ha visto iluminado por la gracia de Dios.

El PSOE ha presentado una ‘Proposición de Ley de Medidas contra el Desahucio, el Sobreendeudamiento y la Insolvencia’ para que se debata con carácter urgente. El Sr. Rajoy se ha comprometido a estudiarla y a desarrollarla en su caso. La grave situación social que atraviesan muchas familias hace que el PP no se pueda negar a buscar una solución a este drama social. Más cuando la vivienda desahuciada tiene como destino el cierre y la reversión de su titularidad a los bancos. Las medidas propuestas tienen un amplio calado social que buscan poner fin a los desahucios y que la dación en pago sea el último recurso antes de perder la vivienda.

La indignación por los desahucios va unida a la rabia y a la situación de impotencia, mucho más cuando muchas instituciones financieras han establecido cláusulas abusivas que han dado lugar a un importante desequilibrio entre la posición del deudor y del acreedor. Se trata de una cuestión de sensibilidad social para dar respuesta a quienes pueden perder el techo, ya que los bancos solo siguen entendiendo de rentabilidad económica y de pedir ayudas para ellos, que no para los demás, cuando lo necesitan.

 

Malestar e indignación

Sí, eso es lo que sentimos la mayor parte de los segovianos de buena fe ante el asunto de Caja Segovia. En menos de dos años hemos visto cómo se esfumaba el patrimonio de la que era “la nuestra”, nuestra Caja, a la vez que “orgullo de los segovianos”, pero también cómo se dilapidaba la Obra Social que ha desempeñado una importante labor social y cultural en nuestra provincia, en especial para los municipios más pequeños y las personas más necesitadas.

La integración de Caja Segovia en el Sistema Institucional de Protección –SIP-, que al final ha desembocado en la absorción por el grupo encabezado por Caja Madrid en Bankia, ha sido atropellada, mal gestionada, confusa y sin unos objetivos claros, como ya denuncié en su momento. La responsabilidad es de todo su equipo directivo y también de los consejeros implicados de forma directa o indirecta en la gestión.

En la gestión de Caja Segovia ha habido claros indicios de deslealtad en la Administración de la Entidad por parte del anterior equipo directivo, del que se puede derivar responsabilidad subsidiaria para el antiguo Consejo de Administración con la información que se va conociendo
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Esta valoración se sustenta en la legislación que protege a las sociedades de la actuación desleal y del ejercicio abusivo de sus funciones por parte de los administradores, ya que en el caso de Caja Segovia se ha causado directamente un perjucio económico a la entidad como consecuencia de la actuación d equines han tenido la responsabilidad de dirección y administración de la misma.

Es indignante, y presuntamente punible, que ocho directivos de Caja Segovia, con pleno conocimiento de su situación patrimonial, e inmersos en una grave crisis económica, se hayan embolsado más de 35 millones de euros en conceptos de salarios, planes de pensiones y prejubilaciones. Tampoco se puede entender que Caja Segovia haya aportado más de 6.000 millones de euros a Bankia, y, sin embargo, haya tenido que avalar con el Torreón de Lozoya y otros bienes inmuebles de gran valor patrimonial e histórico la totalidad de las deudas tributarias de una empresa participada en un 50 por ciento por Caja Segovia, y solo unos días antes de proceder a la renovación del Consejo.

Es una situación que produce el rechazo social de los segovianos y que reclama justicia social y depuración de responsabilidades. Un dislate del ex presidente del Consejo y su equipo directivo, que deja sin margen de maniobra y condena al ostracismo a la Obra Social de Caja Segovia, que tan importantes servicios ha prestado y sigue prestando a los segovianos.

Presupuestos en papel mojado

La falta de compromiso con Segovia constituye el factor común denominador de los presupuestos del Estado y de la Junta para 2013. En ambos, Segovia es el farolillo rojo  en materia de inversiones y transferencias de capital. Son presupuestos en papel mojado. Su cuantía es pírrica para las necesidades que presenta la provincia y la asignación de las diferentes partidas no recogen sus prioridades, con tintes de clientelismo político, como en el caso de la Junta. Como agravante, se da la circunstancia de que no se ejecutarán en el ejercicio corriente en su mayor parte. Aún seguimos sin conocer la ejecución presupuestaria del presente ejercicio. Ni la subdelegada del Gobierno, ni el delegado territorial de la Junta nos han explicado a los segovianos el nivel de ejecución presupuestaria de los presupuestos de 2012, que vendieron a bombo y platillo ellos mismos y los parlamentarios del PP.   

Con estos presupuestos no se reactivará la economía. Responden a todo lo contrario de lo que predicaron y vendieron. Se incrementa la presión fiscal y se reducen los gastos sociales, con un incremento notable de la Deuda Pública. Son unos presupuestos que generarán más recesión y paro. ¡Quiénes les han visto y quiénes les ven a los populares valorando los presupuestos! Si los socialistas les hubiésemos hecho caso cuando gobernábamos, hoy estaríamos en la ruina más absoluta. Todo gasto les parecía poco en el Estado; y la Junta siempre tenía el aliado perfecto para echar la culpa al entonces Gobierno socialista. En las inversiones y en los nuevos proyectos siempre se ponían las medallas, aunque la financiación viniese de Madrid; y las restricciones siempre eran nuestras. Practicaban el espíritu de la santa desvergüenza del que tanto hace gala algún portavoz popular en Segovia. Entre la situación actual y la anterior hay un punto de equilibrio que no lo tienen ninguno de ellos. Con estos presupuestos se complica la vida, y mucho, de quienes más lo necesitan.

Los presupuestos de la Junta, por segundo año consecutivo, vuelven a discriminar a Segovia. No solo no cubren las inversiones más básicas, sino que la asignación de las diferentes partidas presupuestarias es antojadiza; me imagino que siguiendo la afinidad política. En educación no asignan partida alguna al Instituto de San Lorenzo, y sí lo hacen en centros que no son tan prioritarios, impulsando nuevos equipamientos como son los CEOS, que están abocados al fracaso. Ocurre lo mismo en sanidad. Si hay alguna instalación prioritaria es el Centro de  Salud de Nueva Segovia. Pues ni un euro, a pesar de las promesas reiteradas año a año. Paradójicamente aparece una partida para la Catedral de Segovia, cuando hay un plan de catedrales y monasterios financiado por el 1 por ciento cultural desde el Gobierno de España –sin ninguna asignación para la Catedral de Segovia este año por primera vez-, y hay muchas iglesias y monumentos declarados bienes de interés cultural que necesitan con prioridad abordar su rehabilitación. En inversiones en carreteras, nada de nada. Ni tan siquiera la prometida Segovia-La Granja aparece.

El recorte en gastos sociales es significativo. Lo fue en los presupuestos del Estado y lo es en los presupuestos de la Junta. Parados, dependientes y becarios verán día a día cómo su ya maltrecha cuenta merma aún más, en el caso de que exista. La sensibilidad hacia los más desfavorecidos no es el punto fuerte de los populares, aunque intenten demostrar lo contrario, no computando la partida de Deuda Pública en el global de los presupuestos o mintiendo sobre las becas, como ha ocurrió con las cuentas del Estado.

De las inversiones previstas  por el Gobierno de España en Segovia, mejor no hablar. Son puramente testimoniales y no se van a materializar Para muestra un botón. La partida presupuestaria asignada a la SG-20 en 2012, 158.000 euros, no se ha ejecutado y para el próximo años se han presupuestado dos millones, a pesar de que los 68 millones de euros de su presupuesto de ejecución  no aparecen por ninguna parte. El tímido plan de infraestructuras del PP solo contempla la inversión, pero no la cuantifica ni la plurianualiza. En el mejor de los casos, se irá a 2024. Eso no les ha impedido a los senadores del PP hacer profesión de fe y mostrar su gratitud con esta partida. Se les ve perdidos. ¡Claro! Con tanto trabajo orgánico en su partido, debe ser normal.

Solo me resta pedir a los parlamentarios populares segovianos que defiendan los intereses de Segovia, con su presidente al frente. Que no tengamos que ser otros los que pidamos a la ministra de Fomento que dé prioridad a la SG-20, mientras otros se quedan atónitos y dan muestras de conformismo. Segovia necesita impulso y, para ellos, el gasto público es una gran herramienta de dinamismo económico y de creación de empleo. Solo les pido que pongan tanto entusiasmo en la defensa de Segovia como lo ponían cada vez que reclamaban más y más actuaciones al Gobierno socialista. Segovia sigue necesitando lo mismo o más; ellos parece ser que no.   

Escondiendo la cabeza

Si hay alguna responsabilidad política en la gestión de Segovia 21 esa es la del presidente del Partido Popular y actual presidente de la Diputación de Segovia, aunque ahora intente esconder la cabeza del problema y presentarse como salvador ante la opinión pública con el apoyo mediático de sus amigos. El proyecto societario de Segovia 21 nació con el apoyo e impulso del PP de Segovia en el año 2002, cuando ya era presidente Francisco Vázquez, bajo la tutela de dos gurús del PP al frente de dos importantes instituciones, la Diputación provincial, con Atilano Soto como presidente, y la Cámara de Comercio, con Jesús Postigo como presidente en ese momento y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Segovia. Una sociedad constituida con una aportación de más de un millón de metros cuadrados de monte público protegido de alto valor paisajístico y natural de todos los segovianos, que ahora está en peligro de perdida y que depende del apoyo financiero de Bankia.

A esta situación nunca ha sido ajeno el PP, y menos su presidente actual, por mucho que nos quieran hacer ver lo contrario. Y más cuando una amplia mayoría de consejeros de la sociedad han sido destacados miembros del PP, cuyo presidente del Consejo era a su vez presidente de la Diputación durante estos años, lo que no le impedía rendir pleitesía y dirigirse al presidente de su partido como “mi presidente” en actos institucionales en la Diputación y hacer manifestaciones inquebrantables de lealtad.

Con una deuda de 20 millones de euros a esta fecha, unas deudas exigibles a corto plazo de 8 millones de euros, un activo disponible difuso y no concretado y una actividad societaria fundamentada en el sector inmobiliario y en el golf hacen presagiar un futuro poco halagüeño para Segovia 21, más cuando nos encontramos en un momento de clara depresión económica y con un valor patrimonial del suelo fuertemente a la baja. Podría terminar muy pronto en un concurso de acreedores, que no deseamos. Los perdedores en ese caso serían todos los segovianos.

Desde el 2002 hasta ahora se han cometido importante errores. El principal ha sido la asunción por la Diputación del desarrollo de un proyecto empresarial que no era su función y para el que no estaban preparados, y además con una práctica oscurantista, relegando el control político al ostracismo, como he tenido oportunidad de denunciar en múltiples ocasiones. Han carecido de un plan de negocio realista y han fundamentado su acción en el amiguismo y el clientelismo político, al margen del procedimiento legal que obliga a toda sociedad con mayoría pública, con retribuciones y contrataciones exorbitantes, así como un desprecio absoluto al medio ambiente, no propio de una institución pública.

Ahora, todos debemos trabajar duro y aportar ideas para sacar este proyecto adelante, para no perder lo que es de todos los segovianos. Pero se ha de plantear la oportunidad de una gestión indirecta con mecanismos de control públicos que garanticen la transparencia en la gestión, la consistencia de los planes de negocio y la eficiencia que hasta el momento no ha existido. Es el momento de depurar responsabilidades a todos aquellos que han actuado con deslealtad en la gestión de los recursos públicos confiados, con retribuciones y contratos que no estaban en correspondencia con la capacidad financiera y económica de la sociedad, bajo la premisa del respeto al principio de presunción de inocencia.

La responsabilidad política es clara y tiene nombres y apellidos. ¡No se esconda!

Españolear

¿Recuerdan al tertuliano Wert? Ese sociólogo que valoraba las encuestas electorales y participaba en tertulias de opinión política. A mí nunca me gustó. Me parecía inconsistente y oportunista. El tiempo me vino a dar la razón y todas sus miserias se han puesto de manifiesto a raíz de nombrarle ministro de Educación del Reino de España. ¡Casi na!

Esta semana ha tenido su momemto álgido cuando en el Congreso de los Diputados, en un turno de preguntas orales, espetó que había que “españolizar a los catalanes”. Yo estaba allí. La frase la pronunció al final de su intervención para reforzarla. No se le escapó, sin duda. ¿Por qué lo hizo? Para mí no hay ninguna duda: para llamar la atención y adquirir notoriedad, a la vez que apoyos personales en lo que él debe considerar el vivero de votos españolistas y del PP. A veces la simpleza pasa estas jugadas. Más cuando uno no acaba de encontrar su lugar y tiene convicciones firmes para posiciones cambiantes.

Le ocurre lo mismo que cuando se sienta en el escaño: cambia continuamente de postura y hasta de escaño, como en esa sesión. En otras situaciones es posible que se repita la misma escena. No es de extrañar, sobre todo si se comparte con una conversa, bien amueblada de ideas perversas y odio, que le pone la cabeza como un bombo. Así anda el pobre hombre, españoleando como cantaba Manolo Escobar en su canción.

Claro, que no nos dijo cómo iba a infundir los valores culturales y políticos del nacionalismo español a los catalanes. Como ministro de educación que es, estará pensando en recuperar la FEN -Formación del Espíritu Nacional-, aquella asignatura gloriosa del franquismo que algunos sufrimos para la formación en valores del nacionalismo español de aquella época y el estudio de los que después fueron las Leyes Fundamentales del Reino. El debate ha de proseguir, sin duda. Puede ser muy interesante conocer la senda de la nueva reconquista española en los valores que la caduca mayoría política del PP quiere infundir en Cataluña en su acción de gobierno.

Ya se sabe que “a perro flaco todo se le vuelven pulgas”, y a Wert no solo le reprueba el PSOE por su gestión al frente de la educación, sino que hasta el mismo monarca parece ser que ha pedido explicaciones a Rajoy, y el Príncipe ha recordado el Día de la Hispanidad que Cataluña no es un problema. Así las cosas, es mejor que este flagrante ministro se dedique a españolear como cuando hacía de tertuliano. Eso al fin y al cabo es su problema. Y es que a algunos el traje les viene muy ancho.