Convulsión democrática

La corrupción ha vuelto, una vez más, a la agenda política de la mano del PP. Una vergüenza e indignación para el Estado Democrático de derecho, pero también para todos aquellos que dedicamos nuestro tiempo y esfuerzo a la vida pública para, desde un ideal, contribuir a la mejora del bienestar social. Es una acción que contribuye a la pérdida de credibilidad y deslegitimación de la política y los políticos, y al hartazgo de la ciudadanía.

El 'Clan González' es abyecto y genera repugnancia a cualquier demócrata. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, aprovechó su posición institucional para financiar a su partido y enriquecerse personalmente, según pone de manifiesto presuntamente la investigación llevada al efecto por la Unidad Central Operativa (OCU) de la Guardia Civil. Ignacio González sumó a la trama de enriquecimiento a toda la familia. Están él, su hermano, su cuñado y todo indica que hay indicios de la colaboración de su mujer. Ha quedado claro que para ellos la política no es una acción de servicio público, sino un negocio familiar. Esperemos que su nonagenario padre, al que es común verle en el comedor del Senado repartiendo doctrina a los senadores populares, no pase del arresto domiciliario al que está sometido. Dos hijas, según la prensa, tienen algún tema oscuro en la gestión de la vivienda pública. La realidad a veces supera la ficción.

Los casos de corrupción en la política española nos han enseñado que en la financiación irregular de los partidos políticos aquellos que hacen de emisarios acaban utilizando las siglas de su partido para financiarse a sí mismos y enriquecerse. Ha ocurrido con Naseiro, Roldán, Bárcenas, Francisco Granados e Ignacio González, por citar algunos nombres. Lo patético en este último caso es que los dos vicepresidentes de una institución como la Comunidad de Madrid en la última etapa de gobierno del PP estén en la cárcel. Está claro que se puso la institución al servicio de intereses espurios por encima de los ciudadanos, y que en esa acción hay una responsabilidad política de la que fue su presidenta, Esperanza Aguirre. Una persona que por higiene democrática se debe ir de la vida pública, si no acaba antes en otro sitio por decisión judicial. No se puede concebir que no fuese conocedora de los hechos acaecidos estando al frente del PP en Madrid.

La corrupción se manifiesta como un hecho sistémico en el PP. Son ya demasiados casos para pensar que los corruptos van por libre, a pesar de lo que nos quiere contar Cospedal. Cuando un partido tiene la voluntad de cortar y apartar a todo aquel que no sigue un código ético lo puede hacer. Filesa y el caso Roldán marcaron un antes y un después en el PSOE. El seguimiento patrimonial, el compromiso ético y el control de actuaciones que supongan una desviación de las normas establecidas han hecho más difícil que emerjan casos de corrupción. No es el caso del PP. Los casos Naseiro, Zamora y otros de los años 80 y 90 se resolvieron con argucias judiciales bajo la dirección del señor Trillo. Con posterioridad han surgido casos como Gürtel y estos de la Comunidad de Madrid. El PP se ha puesto de perfil y sus presidentes también. Ellos eran conscientes de la financiación de su partido. Todos veíamos cómo, mientras los demás hacíamos campañas electorales al límite, ellos nadaban en la abundancia y nos triplicaban en gasto -aquí en Segovia también. Merino tuvo que dimitir-. Aznar y Rajoy debían ser conscientes de que quienes recaudan para el partido acaba recaudando para ellos. Pero les daba igual. Han sido y son tolerantes con la corrupción. Por esa razón Ignacio González ya ha dicho que no se va a comer sólo ese marrón, y Granados desde la cárcel ha recordado que no estaba sólo en sus cuitas.

Lo que es sorprendente es la reacción ciudadana en las urnas. Hoy vuelve a salir a escena la corrupción, pero no es un tema nuevo en el caso del PP. Es un "déjà-vu". Da igual. Los españoles han hecho oídos sordos en las urnas y han votado mayoritariamente al PP, a pesar de lo que había llovido sobre el tema en los últimos cuatros años. Lo que pone de manifiesto que a una mayoría de los españoles les preocupa más la estabilidad política y el crecimiento económico que la corrupción a la vista de los resultados. Sólo cuando la acción política se estabilice, y en especial la izquierda se vea como una opción alternativa de gobierno en política económica, los españoles reaccionarán y castigarán lo que es inasumible para cualquier democrática, la corrupción. De ahí que resulte incomprensible, con la que está cayendo, que el Gobierno dificulte la investigación del ministerio Fiscal, aparte a los fiscales que no siguen sus consignas, o incluso piense en la necesidad de que la fiscalía instruya en los procesos judiciales. Desde el Parlamento la izquierda lo va a impedir. El PP y la derecha han de ser conscientes de que no pueden llevar a la ciudadanía a la convulsión democrática.