Los Presupuestos
Generales del Estado para 2017 presentados por el Gobierno apuestan por la
autocomplacencia y el continuismo. No es la primera vez que el ministro de
Hacienda hace cábalas y proyecta su imaginación en la ingeniería financiera.
Son unos presupuestos que renuncian a corregir la enorme brecha de desigualdad
como consecuencia de la crisis y que no apuestan por sentar las bases de una
economía de futuro que nos permita crear empleo de calidad y mejorar la
productividad del sistema productivo. Son antisociales y cicateros en inversión.
Son unos presupuestos de transición y cuya vigencia, en el mejor de los casos,
se extenderá a los seis últimos meses del año.
El cuadro
macroeconómico que ha servido de base para su elaboración establece un
compromiso con los objetivos de estabilidad exigidos por la UE. Sitúa el
déficit público en el 3,1 por ciento y el techo de gasto en 5.000 millones
menos que en 2016. Las ventajas macroeconómicas que aporta a nuestra economía
la zona euro y los efectos negativos de una disolución anticipada de las Cortes
fue lo que forzó un apoyo mayoritario directo o indirecto de gran parte de los
grupos de oposición. Se dio así una carga de confianza al Gobierno que veremos
si se materializa mayoritariamente en la tramitación parlamentaria.
Los presupuestos
pintan un ajuste del déficit que plantea no pocas dudas. A pesar de que la
economía crecerá previsiblemente menos que en 2016, se aumentan los ingresos
tributarios con respecto al ejercicio anterior el triple. Un error que repite
el Gobierno popular y que ya nos llevó en 2012 al rescate. El Gobierno confía
en que se recaude más por IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades. Si las cuentas
públicas se hubiesen confeccionado sobre base realistas tendría que aplicar
nuevos recortes de gasto.
Las inversiones
previstas para 2017 conllevan un recorte del 21,2 por ciento. A nivel
territorial, los proyectos de inversión se reducen a la mínima expresión y se
prolongan en el tiempo las inversiones ya iniciadas -es el caso del
desdoblamiento de la SG-20 y del Palacio de Justicia en Segovia-. Lo que no
impide en el nivel político falsear su contenido y presentar lo que no hay. Así
hemos conocido que el presupuesto de inversiones reales en Segovia, según el PP,
asciende a 46 millones de euros, cuando las cuentas acreditan 38,2.
La inflación
sigue por encima de la subida de salarios y de las pensiones -subirán el 0,25
por ciento- por lo que tendrá un efecto contractivo sobre el consumo y el
empleo. El gasto social se comprime con respecto al PIB. Baja casi dos puntos.
Una vez más se olvida a quien ha hecho posible la recuperación.
Son unos
presupuestos inconsistentes que falsean las cuentas públicas. Con ellos su
promotor busca salir de un escenario político endiablado que pudiera llevar a
unas nuevas elecciones de resultado incierto. Difícil lo tiene el Gobierno;
pero también la oposición de verdad, la que crea y no destruye.
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