El 6 de diciembre del 78 ejercí por primera vez en mi vida el derecho democrático
al voto en el referéndum de la Constitución –CE-. Voté Sí, no sin antes haberla
leído y requeteleído. Tenía como referente normativo vigente y equivalente, si
así se le puede considerar, las denominadas “Leyes Fundamentales del Reino”,
como las denominó la Dictadura. Dos años antes me tuve que examinar de ellas en
la reválida de sexto. Las conocía bien. La CE abría un nuevo escenario político
repleto de luz democrática y esperanza. Otra cuestión diferente podía ser su
desarrollo y devenir.
37 años después puedo afirmar con plena rotundidad que estos años
trascurridos han sido los de mayor esplendor y bienestar de la historia de
España. Se han garantizado los derechos y libertades; los fundamentos del
Estado social; la participación democrática en la toma de decisiones; el
desarrollo de una profunda descentralización política a partir del
reconocimiento de la diversidad; la convivencia en armonía y el incremento del
bienestar de los españoles.
Los españoles podemos sentirnos orgullosos de nuestra Constitución del
78. Nunca una constitución fue tan longeva en nuestro país y dio tantos
frutos.
La Constitución envejece y pone de manifiesto algunas debilidades. Hay
que tener en cuenta que marcó el tránsito entre la Dictadura y el actual marco
democrático. El consenso no fue fácil. Y muchas materias quedaron inconclusas o
con una ambigüedad calculada para limar los problemas insalvables. Es el caso de
la concreción en las competencias territoriales o de la financiación, que han
sido motivo de tensión durante estos años.
Hoy, la sociedad española de 2015 es muy diferente a la de 1978. Es más
culta, está más preparada y mucho más exigente y participativa. En estos años
nos hemos integrado en la Unión europea lo que ha afectado de una manera
directa a nuestra acción política, económica y social. La evolución de las
tecnologías de la información y la comunicación, unido al proceso de
globalización, han cambiado la forma de entender el mundo y también la forma de
hacer política y gestionar los asuntos públicos.
La actual crisis económica ha minado la confianza de los españoles en
el orden político surgido de la Constitución del 78. Aquella crisis se ha extendido
hasta incorporar manifestaciones claras de crisis también social, institucional
y territorial.
Ha llegado el momento de modificar la Constitución para contribuir a
garantizar la convivencia, la paz social, la estabilidad política y la
solidaridad entre territorios al objeto de conseguir la mayor cohesión social y
territorial y avanzar en el mayor nivel de bienestar posible.
Necesitamos garantizar y extender con suficiencia los derechos sociales
básicos. Adaptar nuestras instituciones a los objetivos de calidad democrática
que exige la ciudadanía. Delimitar y concretar las competencias autonómicas y
su financiación en un marco de solidaridad interterritorial para reforzar la
convivencia. Y reforzar nuestro compromiso europeísta.
No se trata de abrir un proceso constituyente, si no adecuar el texto a
las transformaciones experimentadas por la sociedad. Los socialistas apostamos
por ganar un futuro para la mayoría. La reforma y adaptación de la Constitución
a los nuevos tiempos es uno de sus pilares.
Durante los cuatro años que estuve como representante del Gobierno en
la provincia tuve la oportunidad de rendir homenaje institucional a la
Constitución. La Delegación y Subdelegación del Gobierno en las provincias
españolas ejercen la representación institucional del Estado. Reforzar su
presencia y la de sus símbolos es el mejor síntoma de su fortaleza. Nuestra
Constitución se merece un homenaje institucional en la provincia. Vamos a
reconocerla entre todos lo que la representación actual en la provincia le
niega.
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