Nueve millones y
medio de españoles cobran una pensión, en Segovia más de 33.000,
de las cuales un tercio tiene la consideración de mínimas, no llegando a los
628€ al mes. Año tras año los pensionistas vienen perdiendo poder adquisitivo,
desde 2012. Este último año han perdido casi un uno por ciento, y en este 2018
año la pérdida será equivalente o mayor, si se cumple la inflación prevista por
el Gobierno. En 2018 las pensiones subirán un 0,25 por ciento, en el marco de
la reforma establecida en 2013 al no superar los ingresos del sistema público
de pensiones los gastos del mismo. Una subida que a la “guardia pretoriana parlamentaria”
del PP en Segovia le parece suficiente, tal y como han manifestado públicamente.
Los populares han ido más allá y han dado un mensaje reforzando la idea de que
el PP revaloriza las pensiones. Una vez más han jugado al engaño y, para ello,
han vuelto a explotar su mensaje de campaña de 2011, de que el PSOE -en plena
crisis- congeló las pensiones: “el y tú más”. Un mensaje torticero y
malintencionado, porque no es verdad. En 2011 el Gobierno del PSOE, después de
actualizar todas las pensiones con la subida de los precios del último año,
sólo aplicó incremento ese año a las pensiones mínimas. En ningún caso
perdieron poder adquisitivo durante los años de la crisis, como ocurre ahora.
Los pensionistas
se merecen un respeto. Una gran parte de ellos tiene enormes dificultades para
abordar sus gastos ordinarios. Durante los años más duros de la crisis han sido
el sustento de sus familias. Ahora ven cómo van perdiendo progresivamente poder
adquisitivo cada año. El Gobierno, en el Cuadro macroeconómico a la UE en 2016, situaba la pérdida de poder adquisitivo
de las pensiones en 2015 en un 13 por ciento. A ello se une la discriminación
que sufre la mujer sobre el hombre, cuya pensión es un 40 por ciento de media
inferior. Es urgente buscar una solución, más cuando el Sistema Público de
Pensiones presenta problemas de sostenibilidad -los gastos superan en 18.000
millones anuales a los ingreso- y suficiencia de la pensiones para garantizar
una vida digna.
Hasta el momento,
el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que analiza la suficiencia y
sostenibilidad de las pensiones, y que preside en estos momentos la popular
Celia Villalobos, no ha avanzado nada, o eso parece, a pesar de los muchos
expertos que están desfilando estos días por el organismo. La cuestión es cómo
equilibrar ingresos y gastos, y garantizar el poder adquisitivo actual. Y todo
ello sin erosionar la economía y, por supuesto, el empleo. Algo así como la
cuadratura del círculo, salvo para los que todo lo solucionan de boquilla y
hacen además proselitismo de sus propuestas para intentar ganar votos.
En los últimos
años se han abordado dos grandes reformas. Una, del Gobierno del PSOE en 2011,
que amplió el periodo de cotización mínimo para el cálculo de la base de
cotización de 15 a 25 años, a la vez que retrasaba progresivamente la edad de
jubilación de 65 a 67 años. Una reforma acordada en el Pacto de Toledo que la
grave crisis económica dejó corta para los fines a los que se orientaba; la otra la promovió
el Gobierno del PP en 2013 al margen del Pacto de Toledo y entrará en vigor en
2019. Con ella la cuantía de la pensión se fijará en función de los años
cotizados, la base de cotización y la esperanza de vida de la población el año
de la jubilación. La subida anual se fijaba en un 0,25 por ciento -como he
referido- siempre que los ingresos anuales no superen los gastos, y en caso
contrario podrá llegar al 0,5 por ciento. Una propuesta con trampa, ya que los
ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social los fija siempre el
Gobierno. De esta forma, los gastos se reducen considerablemente, pero siguen
estando muy lejos de los ingresos necesarios. Y los pensionistas irán viendo de
por vida cómo sus pensiones año a año van a menos, hasta convertirse en
pensiones de carácter asistencial.
Una vez agotado
el Fondo de Reserva de las Pensiones, dotado con 70.000 millones de euros, y contra
el que el Sr. Rajoy ha ido cargando estos años el déficit del Sistema, sin
impulsar ninguna solución, el problema no admite más demoras, salvo que se
quiera avanzar hacia un sistema que no garantice la solidaridad entre los
españoles. Es decir, aquéllos que carezcan de recursos se ajusten a lo que la
pensión pública les ofrezca, y los más pudientes puedan tener planes de
pensiones privados complementarios fruto de la capitalización en su vida
laboral. Todo indica que los partidos de corte conservador optan por esta
solución y los que entienden que están a la izquierda, por potenciar el sistema
de reparto mediante el incremento de la presión fiscal.
Resolver la
cuadratura del círculo no es fácil. Los salarios que constituyen la base de los
ingresos mediante la cotización social han caído drásticamente. A pesar de que
hay un consenso generalizado de que sería necesario que subiesen por los
efectos positivos que se derivarían para el consumo, el empleo y su
contribución a la sostenibilidad de las pensiones, la realidad nos demuestra
que el empresario “per se” es conservador y tiene aversión al riesgo en un
entorno de enorme turbulencia económica, social y política como el actual. Hay
que tener en cuenta que para equilibrar los ingresos serían necesarios 2,4 millones
de trabajadores cotizando con el salario equivalente de 2010. Subir las
cotizaciones sería una locura: un impuesto al empleo que lo destruiría a una
velocidad de vértigo. La recaudación por la vía de impuestos indirectos
afectará sensiblemente al consumo en especial de las rentas más bajas y
acabarán frenando el empleo. Difícil, pues.
La única salida
factible a corto plazo es buscar el equilibrio de forma progresiva por la vía
de los impuestos directos y obtener recursos gravando las externalidades del
sistema económico. Una solución que harán necesaria la incorporación progresiva
de recursos fiscales por esta vía, dado que la evolución de la pirámide de edad
de los españoles pone en quiebra la filosofía del actual sistema de reparto de
la Seguridad Social en un futuro, tal y como se concibió en su momento. Esta
solución, sin duda, requiere un amplio consenso y acuerdo, de lo contrario no
será socialmente neutra y no estará exenta de dificultades su puesta en marcha.
Mientras se siga
sin acordar ninguna propuesta, la solución ganadora es la del Sr. Rajoy. Para
avanzar se requiere llevar a los Presupuestos Generales de 2018 una solución
negociada -al menos con mayoría suficiente- que permita reducir el déficit y
garantizar pensiones dignas. A corto plazo no creo que haya otra solución que
la subida fiscal, lo que entra en contradicción con las propuestas de C’s, que
de esta forma estaría apostando por un sistema de pensiones asistencial. No
creo que Podemos sea capaz de pactar nada y mucho menos llevarlo a presupuestos
para su aprobación. Y el PSOE tiene una gran oportunidad para demostrar su
vocación de Gobierno y compromiso con los más desfavorecidos, y éstos, en el
momento actual, son mayoritariamente los mayores.