Retos económicos para 2018

El primero, sin duda alguna, el empleo. España necesita empleo de calidad y estable, lo que no es compatible con el actual modelo económico y productivo del país. Un modelo que ha ido surgiendo al albur de las circunstancias de cada momento en el devenir histórico, y que se caracteriza por su baja productividad, un capital humano poco cualificado y la precariedad de las condiciones laborales: bajossalarios, temporalidad y jornadas muy largas. Estas características estructurales hacen imposible un sueño a corto plazo. Para cambiarlo es necesario desarrollar de forma progresiva un plan que permita a medio y largo plazo cambiar el modelo de desarrollo económico de nuestro país. El Gobierno de Rajoy va al ‘tran-tran’, intentando salvar lo inmediato, y la oposición a lo suyo, la crítica, pero sin posicionar encima de la mesa un modelo consistente alternativo que vaya más allá de las generalidades. Las últimas cifras conocidas ponen de manifiesto que el paro registrado en España se sitúo a finales de 2017 en casi tres millones y medios de parados, y está descendiendo a un ritmo interanual del 7,84 por ciento. Esto le permite sacar pecho a Rajoy y anunciar para 2019, con un cierto tufillo electoral, que el número de contratos llegará a 20 millones de personas. Lo viene repitiendo hasta la saciedad, lo que hace sospechar que lo convertirá en lema electoral. Otra cuestión muy distinta es si esos contratos se miden en términos de jornadas completas. En cualquier caso el empleo de calidad y la búsqueda de un nuevo modelo económico y productivo es un reto de país para 2018 que debiera merecer la consideración de Cuestión de Estado. 

El segundo reto es el crecimiento para crear riqueza y distribuirla. Todo indica que si se supera la crisis catalana en 2018 se podrá crecer al 3 por ciento y crear medio millón de puestos de trabajo, situándonos en el 11 por ciento de paro. Cataluña condiciona todo. La Autoridad Fiscal Independiente y el Banco de España estiman que si la tensión política se mantiene en Cataluña nuestra economía podrá perder 2,5 puntos de crecimiento. Se trata de un análisis pesimista que contempla la huida de empresas de Cataluña y la caída de la inversión al ritmo del último trimestre del año -75 por ciento en esa comunidad- y el efecto contagio al resto de España. No es probable que el independentismo vuelva por las andadas en los próximos años. Hoy saben lo que significa el 155 y conocen la fortaleza del Estado de Derecho, incluido el Poder Judicial. El juego se ha terminado y acabarán reconviniendo su política, de lo contrario generarán paro, pobreza y sus seguidores serán los primeros en ir a por ellos. Están locos pero no son tontos.

El tercer reto es la reforma del Sistema de Pensiones. Para garantizar la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones públicas es necesario garantizar su viabilidad. Hoy el Sistema presenta un déficit estructural de 18.000 millones/año y acoge nueve millones y medio de pensionistas. La reforma sólo puede venir por la vía de incrementar los ingresos si se quiere garantizar la solidaridad y equidad del modelo. Para ello es crucial que el Pacto de Toledo busque soluciones de consenso y trace una línea de acción, lo que hasta el momento no ha hecho. 2018 va a conllevar para los pensionistas una importante pérdida de poder adquisitivo y la bajada de las pensiones con la puesta en marcha de la nueva normativa. De seguir así las cosas vamos hacia un modelo asistencial de pensiones, a la vez que dual: los ricos podrán contar con planes privados y los menos pudientes, con la pensión pública de carácter asistencial. El Gobierno tiene la última palabra.

El cuarto reto es la mejora de los salarios sin mermar la competitividad de las empresas. Lograrlo en algunos sectores requiere solucionar la cuadratura del círculo. Para ello es clave la mejora de la productividad y el incremento de la facturación, siempre que lo permita la negociación colectiva bajo el yugo de la última reforma laboral. El sector industrial ha crecido en el último año y puede seguir haciéndolo a un ritmo muy alto. En especial las industrias manufactureras y el automóvil, al igual que la construcción; en los servicios ocurre lo mismo. Están creciendo a un ritmo interanual del cinco por ciento, pero la crisis catalana abre una incógnita por su impacto sobre el turismo. Los dos millones de funcionarios volverán un año más a perder poder adquisitivo con la subida programada y la inflación prevista. La reforma de la Administración y de la Función Pública sigue siendo una asignatura pendiente de la democracia. Una mayor renta salarial contribuirá a dinamizar el consumo y a crear más empleo, siempre y cuando no se lastre la viabilidad económica y financiera de las empresas.

La coyuntura económica es dispar pero favorable en términos netos, desde mi punto de vista. En los aspectos positivos cabe destacar el fuerte crecimiento que puede experimentar la eurozona, nuestros principales consumidores- 60 por ciento del destino de las exportaciones- por encima del 2,3 por ciento. Pueden y deben seguir creciendo. Y la inflación seguirá por debajo del dos por ciento estimado por el Banco Central Europeo (BCE), lo que permitirá ganar poder adquirido a determinados colectivos.

En el plano negativo cabe destacar el incremento de los costes del petróleo, ya iniciado, y su repercusión en los costes energéticos; el fin del programa de expansión cuantitativa (QE) de la compra masiva de bonos del BCE con la consiguiente subida de los tipos de interés, y el sobrecoste que puede suponer para España su alto nivel de Deuda Pública; llevar a término las reformas necesarias por falta de entendimiento político. Entre ellas destacan dos: la necesidad de un nuevo Modelo de Financiación Autonómica y Local y la urgente necesidad de contar con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para trasladar certidumbre a los mercados, crecer y poder sacar adelante reformas como las apuntadas. Para ello es necesario tener voluntad de pacto y acuerdo entre todos. Se trata de nuestro futuro. Sólo así seremos capaces de dar respuesta a los retos económicos y sociales de nuestro país para 2018.