Según los datos
publicados por el INE, la provincia de Segovia ha perdido 8.664 habitantes en
los últimos seis años: el 5,3 por ciento de su población, la mayor parte de
ellos niños y jóvenes. Pero el INE va más allá y calcula que la actual población
de 154.586 se reducirá en 2031 hasta 138.558, lo que supondría una pérdida de
16.000 habitantes, un 10,35 por ciento de la población actual. Un auténtico
cáncer que no sólo deja despoblado y envejecido gran parte de los 208
municipios rurales segovianos, sino que además descapitaliza el medio rural y
condena a muerte a gran parte de nuestras costumbres y tradiciones, y con ello
el abandono del medio físico de la provincia.
El problema tiene
profundas raíces tanto en Segovia como en otras partes de España. El desarrollismo de los años 60 en España
no se realizó de forma equilibrada. Penalizó con fuerza a la actual Castilla y
León y sus provincias, entre ellas Segovia, y benefició de forma extraordinaria
al País Vasco y Cataluña, en parte para paliar sus tensiones políticas y
sociales, y a las grandes ciudades. España creció mucho económicamente esos
años, pero de forma desigual. Se abrió una profunda brecha entre una España y
otra pobre. Como consecuencia de ello en la década de los sesenta y setenta se
produjo un gran movimiento migratorio hacia esos núcleos de riqueza, en cuyo
origen se encuentra el problema de la despoblación segoviana. Muchos segovianos
emigraron al País Vasco, Madrid, Valladolid y en los últimos años a su propia
ciudad. El éxodo juvenil ante la falta de tejido industrial e inversiones
capaces de sembrar puestos de trabajo estables y servicios, unido a la debacle
vegetativa poblacional, siguen condenando a la gran mayoría de los pueblos
segovianos a desaparecer, ante la pasividad de sus dirigentes, ahora y antes.
¿Qué se ha hecho
para solventar esta situación? Nada. Absolutamente nada salvo la Ley de
Desarrollo Rural Sostenible de Zapatero. Una ley bien intencionada, pero que no
aborda con un carácter integral el problema y se ha limitado a impulsar
programas con escasa dotación económica y poca convicción, que el PP cuando ha
llegado al poder se ha encargado de dejarlos reducidos a su mínima expresión.
La despoblación es el principal problema de este país, y también de Segovia. Un
problema que para poderlo resolver va a precisar de muchos años -más de un
cuarto de siglo si se actuase eficazmente-. Requiere un Pacto de Estado que
traslade sus efectos a nivel autonómico y provincial, allí donde se manifiesta
el problema, como es el caso de la provincia de Segovia. En este tema no vale
ni el “no es no”, ni los vetos mutuos, ni las tácticas electorales de corto
alcance y dudoso resultado. PP, PSOE y C’s deben de ir de la mano, como
partidos constitucionales y con vocación de Gobierno que son, para dar futuro a
las nuevas generaciones de segovianos y garantizar el legado de su patrimonio.
¿Qué se puede
hacer? Pues una “planificación indicativa” por parte de las administraciones
públicas ante la ausencia de dinámicas propias del mercado. En este caso el
liberalismo no es la solución. El mercado es inexistente y no puede generarse
por sí mismo, al faltar el factor esencial que es la población capaz de generar
consumo y sustentar con ello la existencia de empresas y autónomos localizados
en estos lares. Se requiere la acción conjunta de las administraciones en
diferentes programas de actuación y cooperación con el tejido empresarial, y
todo ello con la tutela de un liderazgo firme y comprometido a nivel
provincial, y que por pura lógica debiera residenciar en la Diputación
Provincial, o la Junta de Castilla y León si aquélla no lo asumiese.
En 2017, en las
últimas jornadas promovidas por el PSOE en Segovia sobre este tema, en las
diferentes mesas redondas quedó clara la necesidad de hacer un frente institucional que promueva la inversión liderado por la Diputación. No se ha
avanzado nada en este sentido, y nadie ha liderado un proyecto que pueda
caminar en ese sentido. Tan sólo la FES ha anunciado su trabajo por libre de
captación de empresas e inversores. Me temo que no se ha logrado hasta el
momento gran cosa. Pero en todo caso, para que los resultados sean eficaces y
capilaricen en las zonas donde se manifiesta con más intensidad el problema, se
requiere un trabajo conjunto, continuo y especializado.
El primer paso
que hay que dar es diagnosticar la situación de las diferentes zonas de la
provincia y catalogarlas por niveles de prioridad para hacer frente al
problema. Es evidente que no puede localizarse una industria en cada pueblo
segoviano que genere empleo y riqueza suficiente para asentar población. De ahí
la necesidad de asentar “polos de desarrollo” y dotarles de infraestructuras
suficientes para dar servicio a las industrias y pobladores, en el marco de la
planificación indicativa a la que me refería antes, a la vez que no dispersar
la inversión y optimizarla estableciendo prioridades. En la provincia se
necesitarán unos diecinueve o veinte: Valverde, Marugán, Martín Muñoz, Nava de
la Asunción, Cuéllar, Sacramenia, Ayllón, Riaza, Campo de San Pedro, Cantalejo,
Prádena, Fuentepelayo, Torrecaballeros, Carbonero, Navalmanzano/Sanchonuño, La
Granja, Otero, El Espinar y Villacastín. Incluso se podrían reducir a la mitad
si se mejora la movilidad y se amplifica la potencialidad de los servicios
logísticos. Nada nuevo que no se haya ensayado
en este país y otros con anterioridad.
Sobre estos polos
de desarrollo se han de desplegar las políticas que prevé el Plan Director de Industria de la Junta
-que como he comentado alguna vez está pensado sobre todo para las zonas
periurbanas de las grandes ciudades-, la aplicación “ad hoc” de recursos
provenientes de las administraciones, el desarrollo efectivo de la Ley de
Desarrollo Rural, las iniciativas y cooperación de los ayuntamientos agrupados
en torno a cada polo, la racionalización de los servicios públicos y la
constitución de consorcios públicos en torno a los mismos que permitan ganar
eficacia, eficiencia y simplificar la administración en su sentido más amplio.
En definitiva, una pléyade de medidas que se han de abordar coordinadamente
entre todas las administraciones públicas y las instituciones que participen en
los diferentes programas, muy especialmente los empresarios, bajo la batuta
provincial hoy por hoy del presidente de la Diputación.
Las medidas
propuestas quedarían cojas si no se tiene en cuenta la necesidad de un
tratamiento fiscal discriminatorio positivo a estas zonas deprimidas y la
necesidad de que el Gobierno de España impulse el proyecto, destine fondos y
establezca un marco regulatorio y las bases de la coordinación y el liderazgo
con otras administraciones. No puede ser que paguen los mismos impuestos los
ciudadanos que viven en zona deprimidas del medio rural que los de la ciudad,
que sin embargo para ir al médico o a la compra incluyen en un gasto adicional,
o carecen de transporte; al igual que los empresarios que invierten en estas
zonas, cuya localización por falta de infraestructuras y servicios conllevan
asociados unos costes mayores, a la vez que pagan los mismos impuestos que
otros empresarios y autónomos localizados en zonas de expansión y bien
comunicadas con el mercado fácilmente accesible.
El Gobierno,
hasta el momento, ante estas cuestiones ha mirado para otro lado. Y no será que
no se le ha planteado en reiteradas ocasiones. Yo mismo he tenido la oportunidad
de formular diferentes preguntas orales en Pleno del Congreso de los Diputados
sobre este tema tanto al ministro de Hacienda como al de Agricultura, así como
preguntas escritas, proposiciones no de ley y resoluciones del PSOE. En la
constancia siempre radica el éxito, y seguiremos apostando por estas medidas y
otras para que nuestros pueblos y sus ciudadanos tengan futuro. Segovia se lo
merece y los segovianos también.
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