domingo, 21 de enero de 2018

El cáncer de la despoblación en Segovia



Según los datos publicados por el INE, la provincia de Segovia ha perdido 8.664 habitantes en los últimos seis años: el 5,3 por ciento de su población, la mayor parte de ellos niños y jóvenes. Pero el INE va más allá y calcula que la actual población de 154.586 se reducirá en 2031 hasta 138.558, lo que supondría una pérdida de 16.000 habitantes, un 10,35 por ciento de la población actual. Un auténtico cáncer que no sólo deja despoblado y envejecido gran parte de los 208 municipios rurales segovianos, sino que además descapitaliza el medio rural y condena a muerte a gran parte de nuestras costumbres y tradiciones, y con ello el abandono del medio físico de la provincia.

El problema tiene profundas raíces tanto en Segovia como en otras partes de España. El desarrollismo de los años 60 en España no se realizó de forma equilibrada. Penalizó con fuerza a la actual Castilla y León y sus provincias, entre ellas Segovia, y benefició de forma extraordinaria al País Vasco y Cataluña, en parte para paliar sus tensiones políticas y sociales, y a las grandes ciudades. España creció mucho económicamente esos años, pero de forma desigual. Se abrió una profunda brecha entre una España y otra pobre. Como consecuencia de ello en la década de los sesenta y setenta se produjo un gran movimiento migratorio hacia esos núcleos de riqueza, en cuyo origen se encuentra el problema de la despoblación segoviana. Muchos segovianos emigraron al País Vasco, Madrid, Valladolid y en los últimos años a su propia ciudad. El éxodo juvenil ante la falta de tejido industrial e inversiones capaces de sembrar puestos de trabajo estables y servicios, unido a la debacle vegetativa poblacional, siguen condenando a la gran mayoría de los pueblos segovianos a desaparecer, ante la pasividad de sus dirigentes, ahora y antes.

¿Qué se ha hecho para solventar esta situación? Nada. Absolutamente nada salvo la Ley de Desarrollo Rural Sostenible de Zapatero. Una ley bien intencionada, pero que no aborda con un carácter integral el problema y se ha limitado a impulsar programas con escasa dotación económica y poca convicción, que el PP cuando ha llegado al poder se ha encargado de dejarlos reducidos a su mínima expresión. La despoblación es el principal problema de este país, y también de Segovia. Un problema que para poderlo resolver va a precisar de muchos años -más de un cuarto de siglo si se actuase eficazmente-. Requiere un Pacto de Estado que traslade sus efectos a nivel autonómico y provincial, allí donde se manifiesta el problema, como es el caso de la provincia de Segovia. En este tema no vale ni el “no es no”, ni los vetos mutuos, ni las tácticas electorales de corto alcance y dudoso resultado. PP, PSOE y C’s deben de ir de la mano, como partidos constitucionales y con vocación de Gobierno que son, para dar futuro a las nuevas generaciones de segovianos y garantizar el legado de su patrimonio.

¿Qué se puede hacer? Pues una “planificación indicativa” por parte de las administraciones públicas ante la ausencia de dinámicas propias del mercado. En este caso el liberalismo no es la solución. El mercado es inexistente y no puede generarse por sí mismo, al faltar el factor esencial que es la población capaz de generar consumo y sustentar con ello la existencia de empresas y autónomos localizados en estos lares. Se requiere la acción conjunta de las administraciones en diferentes programas de actuación y cooperación con el tejido empresarial, y todo ello con la tutela de un liderazgo firme y comprometido a nivel provincial, y que por pura lógica debiera residenciar en la Diputación Provincial, o la Junta de Castilla y León si aquélla no lo asumiese.

En 2017, en las últimas jornadas promovidas por el PSOE en Segovia sobre este tema, en las diferentes mesas redondas quedó clara la necesidad de hacer un frente institucional que promueva la inversión liderado por la Diputación. No se ha avanzado nada en este sentido, y nadie ha liderado un proyecto que pueda caminar en ese sentido. Tan sólo la FES ha anunciado su trabajo por libre de captación de empresas e inversores. Me temo que no se ha logrado hasta el momento gran cosa. Pero en todo caso, para que los resultados sean eficaces y capilaricen en las zonas donde se manifiesta con más intensidad el problema, se requiere un trabajo conjunto, continuo y especializado.

El primer paso que hay que dar es diagnosticar la situación de las diferentes zonas de la provincia y catalogarlas por niveles de prioridad para hacer frente al problema. Es evidente que no puede localizarse una industria en cada pueblo segoviano que genere empleo y riqueza suficiente para asentar población. De ahí la necesidad de asentar “polos de desarrollo” y dotarles de infraestructuras suficientes para dar servicio a las industrias y pobladores, en el marco de la planificación indicativa a la que me refería antes, a la vez que no dispersar la inversión y optimizarla estableciendo prioridades. En la provincia se necesitarán unos diecinueve o veinte: Valverde, Marugán, Martín Muñoz, Nava de la Asunción, Cuéllar, Sacramenia, Ayllón, Riaza, Campo de San Pedro, Cantalejo, Prádena, Fuentepelayo, Torrecaballeros, Carbonero, Navalmanzano/Sanchonuño, La Granja, Otero, El Espinar y Villacastín. Incluso se podrían reducir a la mitad si se mejora la movilidad y se amplifica la potencialidad de los servicios logísticos.  Nada nuevo que no se haya ensayado en este país y otros con anterioridad.

Sobre estos polos de desarrollo se han de desplegar las políticas que prevé el Plan Director de Industria de la Junta -que como he comentado alguna vez está pensado sobre todo para las zonas periurbanas de las grandes ciudades-, la aplicación “ad hoc” de recursos provenientes de las administraciones, el desarrollo efectivo de la Ley de Desarrollo Rural, las iniciativas y cooperación de los ayuntamientos agrupados en torno a cada polo, la racionalización de los servicios públicos y la constitución de consorcios públicos en torno a los mismos que permitan ganar eficacia, eficiencia y simplificar la administración en su sentido más amplio. En definitiva, una pléyade de medidas que se han de abordar coordinadamente entre todas las administraciones públicas y las instituciones que participen en los diferentes programas, muy especialmente los empresarios, bajo la batuta provincial hoy por hoy del presidente de la Diputación.

Las medidas propuestas quedarían cojas si no se tiene en cuenta la necesidad de un tratamiento fiscal discriminatorio positivo a estas zonas deprimidas y la necesidad de que el Gobierno de España impulse el proyecto, destine fondos y establezca un marco regulatorio y las bases de la coordinación y el liderazgo con otras administraciones. No puede ser que paguen los mismos impuestos los ciudadanos que viven en zona deprimidas del medio rural que los de la ciudad, que sin embargo para ir al médico o a la compra incluyen en un gasto adicional, o carecen de transporte; al igual que los empresarios que invierten en estas zonas, cuya localización por falta de infraestructuras y servicios conllevan asociados unos costes mayores, a la vez que pagan los mismos impuestos que otros empresarios y autónomos localizados en zonas de expansión y bien comunicadas con el mercado fácilmente accesible.

El Gobierno, hasta el momento, ante estas cuestiones ha mirado para otro lado. Y no será que no se le ha planteado en reiteradas ocasiones. Yo mismo he tenido la oportunidad de formular diferentes preguntas orales en Pleno del Congreso de los Diputados sobre este tema tanto al ministro de Hacienda como al de Agricultura, así como preguntas escritas, proposiciones no de ley y resoluciones del PSOE. En la constancia siempre radica el éxito, y seguiremos apostando por estas medidas y otras para que nuestros pueblos y sus ciudadanos tengan futuro. Segovia se lo merece y los segovianos también. 




 

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