Compromiso con los mayores

Nueve millones y medio de españoles cobran una pensión, en Segovia más de 33.000, de las cuales un tercio tiene la consideración de mínimas, no llegando a los 628€ al mes. Año tras año los pensionistas vienen perdiendo poder adquisitivo, desde 2012. Este último año han perdido casi un uno por ciento, y en este 2018 año la pérdida será equivalente o mayor, si se cumple la inflación prevista por el Gobierno. En 2018 las pensiones subirán un 0,25 por ciento, en el marco de la reforma establecida en 2013 al no superar los ingresos del sistema público de pensiones los gastos del mismo. Una subida que a la “guardia pretoriana parlamentaria” del PP en Segovia le parece suficiente, tal y como han manifestado públicamente. Los populares han ido más allá y han dado un mensaje reforzando la idea de que el PP revaloriza las pensiones. Una vez más han jugado al engaño y, para ello, han vuelto a explotar su mensaje de campaña de 2011, de que el PSOE -en plena crisis- congeló las pensiones: “el y tú más”. Un mensaje torticero y malintencionado, porque no es verdad. En 2011 el Gobierno del PSOE, después de actualizar todas las pensiones con la subida de los precios del último año, sólo aplicó incremento ese año a las pensiones mínimas. En ningún caso perdieron poder adquisitivo durante los años de la crisis, como ocurre ahora.

Los pensionistas se merecen un respeto. Una gran parte de ellos tiene enormes dificultades para abordar sus gastos ordinarios. Durante los años más duros de la crisis han sido el sustento de sus familias. Ahora ven cómo van perdiendo progresivamente poder adquisitivo cada año. El Gobierno, en el Cuadro macroeconómico a la UE en  2016, situaba la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en 2015 en un 13 por ciento. A ello se une la discriminación que sufre la mujer sobre el hombre, cuya pensión es un 40 por ciento de media inferior. Es urgente buscar una solución, más cuando el Sistema Público de Pensiones presenta problemas de sostenibilidad -los gastos superan en 18.000 millones anuales a los ingreso- y suficiencia de la pensiones para garantizar una vida digna.

Hasta el momento, el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que analiza la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones, y que preside en estos momentos la popular Celia Villalobos, no ha avanzado nada, o eso parece, a pesar de los muchos expertos que están desfilando estos días por el organismo. La cuestión es cómo equilibrar ingresos y gastos, y garantizar el poder adquisitivo actual. Y todo ello sin erosionar la economía y, por supuesto, el empleo. Algo así como la cuadratura del círculo, salvo para los que todo lo solucionan de boquilla y hacen además proselitismo de sus propuestas para intentar ganar votos.

En los últimos años se han abordado dos grandes reformas. Una, del Gobierno del PSOE en 2011, que amplió el periodo de cotización mínimo para el cálculo de la base de cotización de 15 a 25 años, a la vez que retrasaba progresivamente la edad de jubilación de 65 a 67 años. Una reforma acordada en el Pacto de Toledo que la grave crisis económica dejó corta para los fines  a los que se orientaba; la otra la promovió el Gobierno del PP en 2013 al margen del Pacto de Toledo y entrará en vigor en 2019. Con ella la cuantía de la pensión se fijará en función de los años cotizados, la base de cotización y la esperanza de vida de la población el año de la jubilación. La subida anual se fijaba en un 0,25 por ciento -como he referido- siempre que los ingresos anuales no superen los gastos, y en caso contrario podrá llegar al 0,5 por ciento. Una propuesta con trampa, ya que los ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social los fija siempre el Gobierno. De esta forma, los gastos se reducen considerablemente, pero siguen estando muy lejos de los ingresos necesarios. Y los pensionistas irán viendo de por vida cómo sus pensiones año a año van a menos, hasta convertirse en pensiones de carácter asistencial.

Una vez agotado el Fondo de Reserva de las Pensiones, dotado con 70.000 millones de euros, y contra el que el Sr. Rajoy ha ido cargando estos años el déficit del Sistema, sin impulsar ninguna solución, el problema no admite más demoras, salvo que se quiera avanzar hacia un sistema que no garantice la solidaridad entre los españoles. Es decir, aquéllos que carezcan de recursos se ajusten a lo que la pensión pública les ofrezca, y los más pudientes puedan tener planes de pensiones privados complementarios fruto de la capitalización en su vida laboral. Todo indica que los partidos de corte conservador optan por esta solución y los que entienden que están a la izquierda, por potenciar el sistema de reparto mediante el incremento de la presión fiscal.

Resolver la cuadratura del círculo no es fácil. Los salarios que constituyen la base de los ingresos mediante la cotización social han caído drásticamente. A pesar de que hay un consenso generalizado de que sería necesario que subiesen por los efectos positivos que se derivarían para el consumo, el empleo y su contribución a la sostenibilidad de las pensiones, la realidad nos demuestra que el empresario “per se” es conservador y tiene aversión al riesgo en un entorno de enorme turbulencia económica, social y política como el actual. Hay que tener en cuenta que para equilibrar los ingresos serían necesarios 2,4 millones de trabajadores cotizando con el salario equivalente de 2010. Subir las cotizaciones sería una locura: un impuesto al empleo que lo destruiría a una velocidad de vértigo. La recaudación por la vía de impuestos indirectos afectará sensiblemente al consumo en especial de las rentas más bajas y acabarán frenando el empleo. Difícil, pues.

La única salida factible a corto plazo es buscar el equilibrio de forma progresiva por la vía de los impuestos directos y obtener recursos gravando las externalidades del sistema económico. Una solución que harán necesaria la incorporación progresiva de recursos fiscales por esta vía, dado que la evolución de la pirámide de edad de los españoles pone en quiebra la filosofía del actual sistema de reparto de la Seguridad Social en un futuro, tal y como se concibió en su momento. Esta solución, sin duda, requiere un amplio consenso y acuerdo, de lo contrario no será socialmente neutra y no estará exenta de dificultades su puesta en marcha.

Mientras se siga sin acordar ninguna propuesta, la solución ganadora es la del Sr. Rajoy. Para avanzar se requiere llevar a los Presupuestos Generales de 2018 una solución negociada -al menos con mayoría suficiente- que permita reducir el déficit y garantizar pensiones dignas. A corto plazo no creo que haya otra solución que la subida fiscal, lo que entra en contradicción con las propuestas de C’s, que de esta forma estaría apostando por un sistema de pensiones asistencial. No creo que Podemos sea capaz de pactar nada y mucho menos llevarlo a presupuestos para su aprobación. Y el PSOE tiene una gran oportunidad para demostrar su vocación de Gobierno y compromiso con los más desfavorecidos, y éstos, en el momento actual, son mayoritariamente los mayores.