De 2009 al futuro…

La crisis económica ha marcado el desarrollo del año 2009 tanto en España como en el resto del mundo, pero también en Segovia. Aquí nos deja 8.490 parados, si bien se ha manifestado con menos intensidad que en otras partes del país, dadas las características de su tejido económico, siendo el sector de la construcción el más afectado, debido a los grandes desajustes que padecía y sigue teniendo este sector en la provincia.

Las medidas adoptadas por el Gobierno de España a través del Plan E en Segovia, especialmente por el Fondo Estatal de Inversión Local, han contribuido a crear empleo -más de 2.000 puestos de trabajo- y a mantener vivas a un gran número de pequeñas empresas. Sin embargo, la Junta y la Diputación provincial apenas han arrimado el hombro. El PP en 2009 ha estado dando continuamente la espalda a los ciudadanos. Les ha interesado la crisis sólo como instrumento para desgastar a Zapatero y poder llegar a La Moncloa. Han estado a lo suyo, que no es lo que necesitan los ciudadanos.

En Segovia, la Junta un año más apenas ha invertido. Segovia está la margen del centralismo bipolar que practica el Gobierno de Herrera. Así, durante el año 2009 el PP ha verbalizado el desmarque del ‘Pacto por Segovia’, lo que era una realidad de hecho desde el primer momento. De esta manera, se han liberado de todos los compromisos contraídos con Segovia en las instituciones que gobiernan. Hemos visto cómo el presidente Herrera ha pasado de comprometer un ‘Palacio de Congresos’ a colaborar en su construcción, aportando no más del 40 por ciento, a pesar de tener las competencias exclusivas en esta materia; lo mismo ha ocurrido en materia de agua o patrimonio. La Junta de Castilla y León gobernada por el PP ha vuelto a estar un año más ausente, y su “deuda histórica” con Segovia sigue creciendo.

Por suerte, las medidas sociales puestas en marcha por el Gobierno están permitiendo a los más desfavorecidos mantener una vida digan. Los 32.000 pensionistas segovianos han visto cómo sus pensiones este año se revalorizaban como media un 4,8 por ciento; y la Ley de Dependencia ha comenzado a andar, aunque no sea con todos los bríos que necesitamos. En Segovia 3.000 personas ya se acogen a sus beneficios. Aquí, también hemos tenido que empujar a la Junta.

El año 2010 nos presenta un gran reto: el inicio del cambio del modelo productivo. Segovia también tiene que cambiar el suyo. Necesitamos un tejido industrial más sólido y extenso que permita generar empleo para evitar el éxodo de los segovianos más jóvenes y cualificados. El Círculo de las Artes y las Tecnologías –CAT- debe ser el referente del despegue económico. Necesitamos traer empresas y empresarios para mejorar el bienestar de los segovianos y crear empleo tanto para absorber la demanda como para repoblar amplias zonas de la provincia que están en depresión.

Hoy Segovia, por suerte, cuenta con gran parte de las grandes infraestructuras que permiten hacer atractiva nuestra provincia, a excepción de la garantía de abastecimiento del agua, que ya tiene proyectado el Gobierno socialista, a pesar de no ser de su competencia. Falta mucho por avanzar en carreteras autonómicas y provinciales, pero su importancia estratégica es menor.

Hoy es la hora de los empresarios y de las organizaciones empresariales para crear riqueza y bienestar. Entre todos –políticos, empresarios, trabajadores, sociedad en general- hemos de conseguir que en nuestra provincia se implanten grandes empresas que aprovechen su proximidad a Madrid. Hemos de seguir generando e intensificando el comercio, y otorgando al campo inversiones y ventajas diferenciales para que sea más competitivo y pueda supervivir. El futuro es nuestro, nadie nos le va a construir. Y mucho menos sí creemos que esto es algo que compete exclusivamente a las administraciones, y en concreto a Papá Estado. El Futuro puede ser esperanzador, pero para eso hemos de ser proactivos y trabajar en equipo.

Derecho al cobro del desempleo por los autónomos

15.300 autónomos en Segovia, pero 539.338 trabajadores por cuenta propia (incluidos los 176.000 agrarios), que cotizan por contingencias profesionales y que lo harían por la “Prestación por Cese de Actividad” tendrán derecho al cobro de las prestaciones por paro -cese de actividad-, con la nueva medida que ha aprobado hace unos días el Gobierno socialista.

El anteproyecto de ley va a recoger un sistema específico de protección para aquellos trabajadores autónomos que cesen en su actividad de manera involuntaria, basado en tres principios básicos: contributivo, solidario y sostenible financieramente. El sistema adoptado es de carácter mixto, entre voluntario y obligatorio. Tendrán derecho los que tengan cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluidos los del Régimen Agrario y los Trabajadores del Mar; pero también los que opten voluntariamente por cotizar por accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Con esta medida se equiparan derechos de los autónomos con el resto de los trabajadores por cuenta ajena. Se da respuesta a una petición histórica del colectivo de autónomos, que los socialistas hemos hecho realidad.

La duración de la protección se encontrará entre dos y seis meses de duración, según el periodo de cotización, de los que al menos doce meses han de ser continuados e inmediatamente anteriores al cese de actividad.

Las cuantías de las prestaciones serán del 70 por ciento de la base por la que se venía cotizando, oscilando entre los 583 euros y los 1.383 euros al mes. Para ello se ha fijado un tipo de cotización para los autónomos de 1,5 por cien de la base, con una reducción del 0,5 por cien en la cotización por cobertura de incapacidad temporal. La cotización mínima se sitúa entre los 12,5 y los 8,33 euros. La gestión será realizada por las Mutuas de Trabajo y Enfermedad Profesional o el Servicio Público de Empleo Estatal, en el caso de que el aseguramiento de las contingencias profesionales corresponda a la Seguridad Social.

En un momento de crisis como el que estamos viviendo, la importancia de este proyecto es aún mayor. Para ello es clave la sostenibilidad financiera. No olvidemos que la base del proyecto es contributiva y solidaria. Un incremento de las prestaciones por encima de los límites fijados, tanto en cantidad como en plazo, pueden quebrar su viabilidad financiera. El Estado no debe aportar recursos y, para ello, se ha de conservar y ajustar las prestaciones a su carácter contributivo. Ésta es la mejor garantía para su continuidad.

La Cumbre de Presidentes

El presidente Zapatero convocó el pasado lunes en el Senado la “Conferencia de presidentes autonómicos”. Ésta es la cuarta vez que se reúne. Han pasado casi tres años desde la última reunión donde se trataron temas tan importantes para nuestro país como los problemas del agua, la emigración o la inversión en investigación y desarrollo.

Fue en octubre del 2004 cuando el presidente del Gobierno convocó la primera cumbre de presidentes, máxima expresión del poder en España y símbolo de patriotismo y unidad del Estado español.

A tenor de las reacciones, no parece ser que la cumbre haya despertado mucho entusiasmo entre los presidentes autonómicos, especialmente entre los nueve del Partido Popular, que mantienen una actitud hostil. La convocatoria obedece a la necesidad de coordinar actuaciones ante la crisis económica.

Las comunidades autónomas gestionan el 40 por ciento de los recursos públicos y disponen de competencias exclusivas en importantes materias, como las políticas activas de empleo. Su concurso y corresponsabilidad en la crisis es fundamental para salir de ella. Más cuando el déficit en las cuentas públicas de sus comunidades alcanza el 9,5 del PIB y el paro juvenil asciende al 38 por ciento.

El encuentro, además de propiciar un debate sobre la situación económica, debiera propiciar la adopción de acuerdos para el control del déficit público y la creación de una comisión para contrastar y coordinar políticas concretas en materia de empleo juvenil.

En un Estado autonómico como España, la cumbre de presidentes no es un instrumento para conseguir una fotografía, como la definió ayer la portavoz del PP; es una necesidad para dar respuesta a los problemas de los españoles con garantía de equidad.

La conferencia si no existiese, la tendríamos que inventar. Zapatero la estableció como punto de encuentro de los líderes territoriales para debatir los problemas comunes. Pero para su éxito, algunos de ellos tienen que quitarse el gorro del partido y ponerse el de los ciudadanos que representan. El sentimiento de Estado no sólo basta con verbalizarlo, hay que ejercerlo. Pero en esto, muchos presidentes autonómicos presentan claras contradicciones.

30 aniversario de la Agrupación Municipal de Nava de la Asunción

Hace unos días la Agrupación Municipal de Nava de la Asunción conmemoró su 30 aniversario. Con este motivo se realizó una exposición fotográfica y una proyección de fotografías comentadas de los principales hitos de la agrupación, con especial referencia a los ocho años de Gobierno socialista en la localidad. El acto fue conducido por el secretario de la agrupación, Juan José Maroto.

Al acto asistieron cerca de 100 vecinos de la localidad y de los pueblos vecinos: Santiuste, Navas de Oro, Coca, Bernardos y Martín Muñoz. También estuvo presente gran parte de la Comisión Ejecutiva Provincial, con su secretario al frente, así como la vicesecretaria general, el secretario de Organización, el secretario de Política Local y el secretario de Acción Electoral. Fue un acto muy emotivo. Al finalizar, tuvimos la oportunidad de departir con los compañeros y amigos de la zona.

Como recordó el secretario de la agrupación, al Gobierno municipal se llegó gracias al esfuerzo y trabajo durante muchos años de muchos socialistas en el pueblo, y al buen hacer de la agrupación. Hoy más que nunca las agrupaciones tienen que ser punto de encuentro de los vecinos para debatir sobre los problemas que incumben a las distintas localidades y efectuar propuestas que permitan mejorar la vida y el bienestar del municipio. Una agrupación que se cierra a sí misma está abocada al fracaso. Para los socialistas, como tuve oportunidad de recordar en el acto, las agrupaciones socialistas son espacios abiertos a la gente del pueblo, estén o no estén afiliados, pero donde además es necesario que confluyan diversas generaciones para así identificarse mejor con los intereses de la población y poder gobernar, en su caso, con más consistencia.

En Segovia contamos con 24 agrupaciones, tres de ellas de reciente creación. El trabajo en red es hoy más necesario que nunca. La “unión hace la fuerza”, pero no basta con decirlo, hay que hacerlo; y hoy las puesta en común de actuaciones de manera coordinada puede contribuir a generar sinergias, así como a potenciar nuestra credibilidad y consistencia política.

En estos momentos, como también tuve la oportunidad de recordar en el acto como secretario general de los socialistas segovianos, las palabras de Pablo Iglesias siguen en vigor. Él dijo: “Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas, ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para difundirlas, para llevarlas a todas partes, para hacer que penetren en los cerebros de muchas personas que no las profesan”. Una gran lección para todos en el momento actual, también para Nava.

SOS para Barajas

Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pone al aeropuerto de Barajas contra las cuerdas. Este auto revoca parcialmente otro anterior, como consecuencia de la aplicación de una sentencia del Tribual Supremo en relación a un recurso de casación interpuesto por seis vecinos de la Urbanización Santo Domingo de Algete –Madrid-, mediante el que se reconoce la lesión de sus derechos fundamentales por el ruido causado por el sobrevuelo de aviones a poca altura.

El auto requiere que “con carácter inmediato se proceda a la reducción en un 50 por ciento en la cifra actual del total de vuelos que pasan por encima de dicha urbanización”. Como consecuencia de la inmediata reducción de capacidad, se perderían 47.000 puestos de trabajo (directos, indirectos e inducidos) y se dejarían de generar 1.125 millones de euros, además de resultar completamente inútil la altísima inversión efectuada por la Administración en el ampliación de Barajas, puesto que hablamos de las mismas cifras de capacidad que se tenían antes de la ampliación.

La aplicación inmediata de la reducción de operaciones, dado que no es posible adecuar los ‘slots’ a la nueva capacidad hasta la próxima temporada, exigiría una cancelación masiva de vuelos, ya que, si no se efectuaran cancelaciones, habría un 44 por ciento de arribadas con una demora media de 70 minutos por aeronave, sin tener en cuenta los efectos por pérdidas de rotaciones.

No será posible atender futuros incrementos de la demanda, ni llegar a las 120 operaciones/hora previstas, por lo que el aeropuerto se encontraría ante el riesgo de perder aproximadamente 245.000 vuelos al año. La repercusión económica de perder 245.000 vuelos al año sería la eliminación de aproximadamente 122.500 empleos, con la consiguiente reducción de la masa salarial regional, por un importe de 2.900 millones de euros, el dos por ciento del PIB de la Comunidad de Madrid. Pero, además, el reciente acuerdo de Iberia y British Airways estaría en peligro.

La extrapolación de esta sentencia a otras poblaciones, que de inmediato solicitarían el reconocimiento de sus derechos fundamentales, puesto que sobre ellas se producen sobrevuelos a menor ó igual altura que la Urbanización Santo Domingo, podría implicar el cierre completo del aeropuerto de Barajas.

La sentencia del señor juez no ha tenido en cuenta que el porcentaje de horas en las que el aeropuerto puede operar en Configuración Sur depende de la dirección e intensidad del viento que sople en las diferentes pistas del aeropuerto. Nunca se sabe, a priori, cómo va a operar el aeropuerto. Así, fijado un número máximo de operaciones/hora para la pista 18R por la Sala, si las condiciones meteorológicas son desfavorables y se agota el “cupo”, habría que cerrar el aeropuerto. Un pequeño detalle, pero importante: tampoco parece haber sopesado suficientemente la pérdida de puestos de trabajo -45.000-, que como derecho fundamental (derecho al trabajo, Título I, capítulo II, artículo 35 de la Constitución Española), entra en colisión con el derecho reconocido a los seis vecinos que han presentado el recurso de casación.

El PP tampoco ha demostrado mucha sensibilidad por el problema. El Gobierno, para soslayar este problema, intentó tramitar una enmienda en la Ley de Economía Sostenible, que permitiese extender la zona de servidumbre de ruido, más allá de la huella de ruido determinada, con las correspondientes indemnizaciones e insonorización de los edificios afectados. A pesar de las promesas de ayuda manifestadas por el portavoz del PP del Senado de votar a favor de la enmienda o de abstenerse, la entrada del señor Rajoy en escena determinó el voto en contra del PP; al igual que el de CiU. Un acto de irresponsabilidad que pone una vez más de manifiesto el interés que tiene el PP por resolver los problemas de este país. Mucho más cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid es del PP. El Grupo Parlamentario Socialista retiró la enmienda.

Ante esta situación, el Gobierno está haciendo lo que debe: tramitar un proyecto de ley que modifica la Ley de Navegación Aérea y dar respuesta al problema. Esperemos que la sensatez presida la acción de los distintos grupos políticos en su tramitación parlamentaria, y que el poder judicial corrija su posición ante el recurso de casación interpuesto contra el auto de marras por Aena. ¡Que Dios reparta suerte!

Un paso decisivo

La economía española presenta problemas estructurales desde el siglo XIX. Así se pone de manifiesto en la evolución de la renta per cápita y su comparación con los países más desarrollados. La disponibilidad de recursos naturales, la complicada orografía, la falta de un tejido empresarial sólido, el escaso desarrollo de las infraestructuras hasta hace poco y la debilidad del tejido industrial, entre otros factores, explican en gran parte el comportamiento de la economía española ante la crisis.

El nuevo proyecto de Ley de Economía Sostenible que está ultimando el Gobierno socialista es un paso necesario en la puesta en marcha de reformas estructurales para cambiar en profundidad la economía española. La mejora de la competitividad y productividad del sistema productivo constituyen los grandes retos de nuestra economía en el momento actual –la productividad de España en términos de PIB por trabajador, en paridad de compra UE=100, asciende a 105,1 mientras la de EEUU está en 142,3 y la de Alemania en 196,9, en 2008-. El cambio de modelo productivo pasa por encontrar nuevos nichos de actividad económica que nos permitan en el futuro ser pioneros en su desarrollo; y por mejorar el rendimiento de los distintos sectores productivos. La ley ha de representar un fuerte impulso para acelerar el cambio de la economía española y hacer frente al problema del paro y la baja tasa de actividad.

La ley se articula en torno a tres ejes de actuación: mejora del entorno económico, competitividad y sostenibilidad medioambiental. La ley fomenta la competitividad, fortalece la supervisión financiera, lucha contra la morosidad, aporta transparencia en las remuneraciones de las sociedades cotizadas y facilita la contratación público-privada. También promueve la innovación, reforma la Formación Profesional e introduce criterios de ahorro y eficiencia energética y de movilidad sostenible. Asimismo, se amplía la deducción por inversión en I+D+i del 8% al 12%, se aplica el IVA reducido a las reformas para mejorar la eficiencia energética o el ahorro de agua y se establece una nueva deducción en el IRPF del 10% para este tipo de obras.

Es un primer paso en la puesta en marcha de reformas estructurales que ayuden a cambiar el modelo productivo español. El Gobierno va completar estas reformas con otras de profundo calado, como: la reforma laboral, en el marco del diálogo social; la reforma educativa, a través de un gran pacto ofrecido a la oposición; la reforma de las pensiones, para garantizar su sostenibilidad económica más allá de 2025; y la reforma del sistema financiero, para proporcionarle más consistencia, en especial a las Cajas españolas; sin olvidar la reforma de la Justicia.

España necesita crecer más y mejor. Para ello es necesario erradicar un modelo productivo dependiente del ladrillo y aumentar la productividad en los sectores tradicionales –España ocupa el puesto 33 de 134 países en el último Índice de Competitividad Global-. La Ley intenta facilitar el tránsito hacia actividades y mercados más maduros, hacia los que tienen un mayor potencial de crecimiento; y a su vez facilitar la creación de empresas y mejorar el ambiente para hacer negocios. La formación es clave para que se consolide el nuevo modelo.

Las reformas anunciadas han de permitir acercarnos más a un modelo con un tejido industrial más eficiente, donde la sociedad del conocimiento pueda desarrollar su potencial. Éstas son las premisas de trabajo del Gobierno, mientras la oposición ya ha descalificado el proyecto antes de su publicación, e incluso algún “mago”, como el señor Montoro, lo ha calificado de “franquista”. Claro que será por aquello de su nostalgia hacia el pasado. Los españoles, una vez más, tienen suerte de que en estos momentos gobierne el PSOE, y mucho más visto lo visto.

Socorro agrario

El campo ha vuelto a gritar estos días ¡socorro! “Los precios de los productos agrarios están por los suelos, mientras el coste de la materia prima es cada vez más alto; o lo que nos pagan por los productos llega al consumidor multiplicado por tres, por cuatro, e incluso más” son algunas de las voces que se han oído este fin de semana. No tenían una reivindicación concreta, sino que manifestaban una queja y un malestar general contra la política agraria, ésa que define Bruselas, coordina el Gobierno de España y aplican las comunidades autónomas.

La agricultura y la alimentación son sectores estratégicos para España por varias razones. En primer lugar, por su capacidad de abastecimiento de alimentos sanos, seguros y de calidad, evitando un alto grado de dependencia alimentaria; pero también por su potencial para promover el empleo y el mantenimiento de la población en el medio rural y la cohesión social; y, por último, por su contribución al medio ambiente, a la conservación del territorio, al mantenimiento de la biodiversidad y a la lucha contra el cambio climático.

El enfoque de la Política Agraria Comunitaria –la PAC- cuenta, en el momento actual, con la impronta de los gobiernos conservadores que rigen los destinos de la UE: predominio del mercado, ante todo, frente a los intereses de los agricultores y ganaderos. Lo que la consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León calificó no hace muchos días como “política excesivamente liberal de la UE para el campo”. Y lo que tampoco ha impedido al presidente de la Junta de Castilla y León ponerse al lado de los agricultores y contra la política agraria de la UE, a pesar haber contribuido con su voto en las elecciones europeas a impulsarla. Es el Partido Popular el que tiene mayoría en Europa. Son, pues, ellos los que definen la política agraria. Sin embargo, la “santa desvergüenza” no tiene límites, y en la manifestación de ayer estaba también la secretaria general del PP, la señora Cospedal: un insulto para el campo español.

La industria agroalimentaria en un mercado globalizado ha de mejorar su competitividad. Para ello es necesaria una mejor ordenación de los medios de producción y una reordenación del sector, así como el desarrollo de canales de distribución más eficientes. También se ha de exigir igualdad de exigencias, requisitos y controles a los productos importados que vienen de fuera para evitar la competencia desleal.

La PAC es una política imprescindible para Europa, mucho más para España con zonas rurales extensas, riesgos medioambientales crecientes y condiciones de vida y de renta de los europeos todavía alejados de los niveles medios de otros sectores. Por ello, pese a que nos les guste a los conservadores europeos, seguimos necesitando las ayudas europeas -7.432 millones de euros en 2009- y las ayudas nacionales -816 millones de euros- y los créditos ICO concedidos al sector este año -939 millones de euros-. Las ayudas a las rentas e intervenciones en los mercados se han incrementado un 4,8 por ciento respecto al ejercicio anterior y las ayudas al desarrollo rural han aumentado un 23,8 por ciento.

La Presidencia española en la UE durante el primer semestre del próximo año contribuirá, sin duda, a consolidar el compromiso del Gobierno socialista con el sector agrario. Prueba de ello es que a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista la Ley de Presupuestos de 2010 incorpora una disposición final nueva que, con carácter indefinido, reconoce el derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre hidrocarburos soportadas por los agricultores por adquisición de gasóleo.

El campo, hoy más que nunca, necesita ayuda para mejorar su gestión y resolver sus problemas. Pero qué podemos esperar si los que tienen la responsabilidad de gestionar su agricultura esconden la cabeza y gritan socorro. Verlo para creerlo, pero esto es lo que hemos visto estos días. Poco podemos esperar de ellos. Vamos, nada.

El recrecido del pantano de Puente Alta

El alcalde de Segovia ha anunciado hace un par de semanas la intención que tiene el Ayuntamiento de triplicar la capacidad del embalse de Puente Alta, en Revenga. Una buena, muy buena noticia para Segovia; más en el momento actual, con la sequía que padecemos. De esta forma, se da respuesta a uno de los grandes problemas que tiene la ciudad: garantizar el abastecimiento de agua.

Hay que tener en cuenta que la solución propuesta desde el punto de vista medio ambiental tiene un impacto mínimo. Se verán afectados por inundación unos cuantos pinos y chaparros. La cota de lámina de agua de la presa será similar a la actual y el muro de contención del embalse permitirá el paso de la N-603 por su parte superior, eliminando de esta forma las peligrosas curvas de esta carretera a su paso junto a la presa actual.

Este proyecto debiera estar integrado en un Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas donde la Junta de Castilla y León recogiese ésta y otras obras hidráulicas que necesita la provincia. Sin embargo, a pesar de que Segovia es la provincia con más problemas de de agua de toda la Comunidad Autónoma, el gobierno del PP en la Junta ha sido incapaz de diseñar y financiar un plan integral para dar respuesta a este problema. Una vez más la Junta sigue olvidando a Segovia e incrementando su deuda histórica.

En esta ocasión la Junta tiene una magnífica oportunidad para demostrar su compromiso con Segovia y los segovianos. Para ello puede financiar –como le corresponde por competencias- el coste de los 30 millones de euros del recrecido del embalse. Me temo que no lo hará; pero lo que sí que harán los dirigentes del PP en Segovia será tirar balones fuera y pedir que lo financie el Estado, como viene siendo práctica habitual.

Menos mal que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia sustituye con creces las carencias de la Junta, por suerte para los segovianos, y el alcalde ha anunciado que al Ayuntamiento, en caso de no contar con su ayuda, acometerá el proyecto con los fondos provenientes del Gobierno de España y los recursos generados por el cobro del recibo del agua.

Sí, soy político

En estos días, en los que la clase política se encuentra tan desprestigiada, quiero expresarles mi orgullo por poder dedicarme a trabajar en el ámbito político, como creo que lo sienten la inmensa mayoría de los que ejercen esta actividad. Es una dedicación que no se elige, a la que te empuja la vocación por el cuidado y la mejora de lo público, poco a poco y sin darte cuenta. Es una especie de halo, que engulle, en la mayoría de los casos, a la profesión elegida, siempre y cuando ésta no sea una consecuencia de aquélla.

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pone de manifiesto que la opción ‘la clase política, los partidos políticos’ está en el tercer lugar entre la preocupación de los españoles, por encima del terrorismo. Algo hemos debido hacer mal los políticos y la clase política para que los ciudadanos tengan esta percepción de nosotros. Y no se equivocan, si se identifica a la clase política con los políticos involucrados en los últimos escándalos conocidos, como el caso Gürtel o la operación de Santa Coloma.

Sin embargo, mi experiencia, en los más de 25 años que llevo en la vida pública, es muy distinta a lo que afirman los ciudadanos en las encuestas, o a lo que tienen estereotipado. A lo largo de estos años, he conocido a muchas personas de los diferentes colores políticos que han puesto todo su empeño y dedicación a trabajar por el interés común con plena honradez y honestidad. Es más, me atrevo a afirmar que ése es el caso de la mayoría de los que acaban desarrollando actividades catalogadas como políticas.

Los políticos somos personas públicas sometidas a la crítica y, a veces, a la incomprensión cuando no se alcanzan los objetivos que afectan a los diferentes colectivos, con independencia de su naturaleza. Ahora bien, eso es algo consustancial con nuestro trabajo. Por lo general, todos solemos dedicar mucho tiempo a nuestro trabajo por el interés general y no somos dueños de nuestro tiempo. No siempre disponemos de sábados y domingos, o de vacaciones programadas.

Una especial mención merecen aquellos políticos que viven con pasión la gestión municipal de pequeños municipios, sin más recompensa y gratificación que su satisfacción por el trabajo bien hecho. Estar en la gestión municipal, como también les ocurre a otros muchos en diferentes esferas de la ‘cosa pública’ su dedicación política, les supone importantes gastos con cargo a su bolsillo, aunque esta premisa sea muy difícil de entender a quienes que no han tenido experiencia política. Pero esta circunstancia es la situación más común; tanto más cuando menos relevancia tiene la posición política ocupada.

Por suerte, vivimos en un Estado democrático de Derecho y esta forma de organización política es la que mejor garantiza de forma contrastada el reconocimiento y dedicación a la vida pública. Los ciudadanos españoles pueden estar orgullosos de sus políticos, aunque ‘garbanzos negros’ haya en todas partes. Por suerte, en nuestro país existen mecanismos de exclusión en estos casos.

Toca mover ficha

La actualidad de la última semana ha estado presidida por la tensión política en Caja Madrid: la pugna por la Presidencia entre las diferentes facciones del PP. Algo vergonzoso e indigno para todos aquellos que tenemos nuestros ahorros en esa institución. Más cuando Caja Madrid va de mal en peor y hemos conocido esta misma semana que sus beneficios han bajado en el último año más de un 30 por ciento; muy por encima de otras grandes instituciones financieras.

La tutela de las cajas corresponde a las comunidades autónomas. Por tanto, ¿qué pinta el presidente nacional del PP en este proceso? No se entiende. O es que acaso si la Caja va mal los impositores van a pedir la responsabilidad al consejo de dirección del PP con su presidente al frente en lugar de pedírselo al Consejo de Administración de la caja. Todo un dispendio que lleva a confundir el plano institucional con el plano orgánico de estas instituciones financieras y a politizarlas, creando desconfianza en su gestión y contribuyendo, de esta manera, a que sus resultados no sean los mejores posibles.

Las cajas constituyen una poderosa herramienta financiera para las diferentes comunidades autónomas. Pueden contribuir de una manera decisiva a vincular inversiones al territorio y corregir desequilibrios, siempre y cuando esté garantizada la viabilidad económico-financiera de las operaciones que soporten. De ahí la necesidad de contar en cada Comunidad con estas entidades, con el tamaño suficiente, la solvencia y la musculatura financiera para poder liderar contribuir al desarrollo económico.

La crisis económica ha puesto de manifiesto la debilidad del sistema de Cajas de Ahorro. Una red muy atomizada, con más morosidad, activos dudosos y peor calificación de riesgo que los bancos, con carácter general. El Banco de España ha instado a las distintas entidades financieras para que inicien diferentes procesos de fusión, integración o concentración, para mejorar su musculatura financiera y mejorar su solvencia.

El proceso no está resultando fácil. A veces, por la actitud timorata de la propia Comunidad, que es incapaz de liderar el proceso y romper con los intereses de las cajas provinciales como es el caso de Castilla y León; otras, por el fuerte arraigo provincial de muchas de ellas. Casi todas cuentan con una fidelidad muy alta de sus impositores, a pesar de que la retribución del pasivo no siempre ha sido la mejor del mercado; y la Obra Social ha constituido una importante ayuda para el medio rural y otros colectivos culturales y sociales, sin ánimo de lucro; lo que dificulta la transformación.

Así las cosas, y con lo que está lloviendo, es el momento de no perder tiempo y mover ficha para garantizar la solvencia y los intereses de los ahorradores que tienen sus depósitos en estas entidades, cuyo tamaño no responde a las exigencias del mercado. Para ello ha de primar la integración con otras entidades, que permitan su expansión en el mercado, la reducción de costes y la mayor rentabilidad. Esta posición es compatible con las necesidades de financiación de los grandes proyectos de las Comunidades Autónomas para su desarrollo; lo que no es compatible son los intereses de poder de los politiquillos de turno, puestos al servicio de sus propios intereses y no de la Comunidad.

Ni una sola idea, ni una sola propuesta

Esta última semana se ha celebrado el debate de los presupuestos en el Congreso de los Diputados. Más de lo mismo. Rajoy no aportó ni una sola propuesta y utilizó como base de su crítica las desviaciones en las previsiones de los presupuestos del último año. Su apuesta es clara: la crisis como el motor que ha de conducirle a La Moncloa, y esto no es compatible con cualquier política de colaboración responsable para la recuperación.

La política del Partido Popular es de “chufla y pandereta”, con una fuerte carga de cinismo. Ellos cacarean la necesidad de reducir el gasto público y de bajar los impuestos; pero, a la vez, reclaman en sede parlamentaria más infraestructuras y mucho más gasto para todo lo que se reivindica desde cualquier colectivo. Y en aquellos ayuntamientos y comunidades autónomas donde gobiernan no predican con el ejemplo. Prueba de ello es el alto endeudamiento de comunidades como la valenciana o el Ayuntamiento de Madrid.

Bajar impuestos, como quieren los populares, significa automáticamente reducir las prestaciones sociales –pensiones, parados, dependencia y becas, entre otras- y recortar la inversión productiva pública. Lo primero agravaría la situación de determinados colectivos, quebrando la cohesión y la paz social; y lo segundo, ante la ausencia de inversión privada en el momento actual, tendría un efecto perverso para la mejora de la productividad y el empleo en la economía española. A lo más que han llegado es a anunciar estos días la necesidad de eliminar los ministerios de Igualdad y de Vivienda, sin recordar que fueron ellos los que generaron la gran burbuja inmobiliaria y el fuerte endeudamiento de las familias españolas durante su etapa de gobierno; y demuestran una falta de respeto por la mujer y la defensa de sus derechos. Es algo más que falta de sensibilidad: es nepotismo conservador y rancio.
2010 será un año difícil. El PP en esta crisis, la más grave que ha padecido el sistema capitalista, lo único que ha hecho hasta el momento es meter miedo y generar desconfianza en la población. Una parte de la caída del consumo, que es tanto como decir del empleo, se la debemos a personajes como el señor Montoro y el señor Rajoy; otra, a los problemas estructurales de la economía española: orografía, escasez de recurso naturales, falta de tejido empresarial…, que prevalecen desde el siglo XIX. Por suerte, el Gobierno socialista, con la Ley de Economía Sostenible, se propone impulsar su solución. Otra vez más, el PP, con su señorito al frente, Mariano Rajoy, ni está ni se le espera: ni una sola idea, ni una sola propuesta. Así son los patriotas del siglo XXI, defensores del legado histórico de la derecha en nuestro país.

La hora de la Justicia

Basta darse una vuelta por los distintos juzgados de España para comprobar el mal estado de sus inmuebles, por lo general vetustos y mal mantenidos. Pero, con todo, éste no es el mayor problema. Los juzgados españoles presentan un déficit histórico de jueces, fiscales y, en general, de todo tipo de personal para el desarrollo de sus funciones. La organización no es la mejor. Lo mismo ocurre con la organización de archivos y la aplicación de las nuevas tecnologías.

La organización y gestión de los juzgados españoles deja mucho que desear. La propia idiosincrasia de los jueces y su independencia, unido a la doble dependencia funcional y orgánica de los juzgados, y la falta de unas claras líneas de responsabilidad en la gestión, han contribuido a que la Justicia en España no haya funcionado con la eficacia y eficiencia que hubiese sido deseada.

La politización de la Judicatura, con la puesta en escena de diversas asociaciones profesionales, casi todas ellas conservadoras, ha contribuido de manera decisiva, junto con el afán de notoriedad de los llamados jueces estrella, a minar su credibilidad. El sistema de selección contribuye a ello. Por lo general, el acceso al Poder Judicial sólo es posible para los hijos e hijas de familias pudientes, y con un fuerte arraigo familiar. El ‘Opus Dei’ es posiblemente la organización ha aupado a más de sus miembros a la carrera judicial. Y no es casualidad. El acceso al Poder Judicial se sustenta en un conjunto de pruebas memorísticas, fundamentalmente, que algunas organizaciones dominan a la perfección. Sin olvidar la endogamia de los tribunales. Con ello quien está perdiendo es la Justicia. O sea, todos los españoles.

El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, consciente de los problemas enumerados, ha puesto en marcha el Plan de Modernización de la Justicia, que complementará el proceso de mejoras iniciado en 2004. El Ejecutivo destinará al plan 600 millones de euros, que se sumarán al presupuesto anual corriente del Ministerio de Justicia, que el próximo año será el mayor de su historia. Hoy se invierte en Justicia un 50 por ciento más que en 2004, cuando el Gobierno socialista llegó al poder.

El Ministerio de Justicia trabaja en la reforma del modelo de planta y demarcación para adaptar el mapa judicial a las necesidades reales de España. El Gobierno ha realizado el mayor crecimiento de la planta judicial. En la legislatura, la planta judicial va a crecer un 19 por ciento. Durante los próximos tres años el número de jueces aumentará un 17 por ciento; y un 20 por ciento, el de los fiscales y los secretarios judiciales.

La Nueva Oficina Judicial, con un amplio consenso parlamentario, será una realidad en 2010, lo que implicará juzgados más eficientes, concentración de esfuerzos y recursos, mejor servicio a los ciudadanos y mejor asistencia a los jueces y magistrados. Los presupuestos de 2010 prevén una importante partida para este proyecto, como también lo contemplan para la implantación de las nuevas tecnologías.

Con todos estos ingredientes, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura fue a la huelga en fechas recientes. Huelga que ya tenía decidida desde mucho antes. Y no se orientaba precisamente a fortalecer el desarrollo judicial: señalando más juicios, y aumentando de esta forma la productividad de los juzgados; o a mejorar la dedicación de algunos jueces en su tiempo asignado de trabajo. Todo ello es mejorable, y eso depende de los jueces, no del Gobierno. En algún juzgado de instrucción de Segovia lo saben muy bien.

Para algunos jueces conservadores el problema es de otra naturaleza: no soportan que un gobierno de izquierdas dé respuesta a los problemas que durante muchos años ha padecido la ciudadanía con el Poder Judicial. Claro que falta dar un gran paso: democratizar el acceso a la Judicatura y fundamentarlo sobre bases sustantivas más trasparentes, objetivas y eficaces. Se trata del tercer Poder del Estado. Un poder independiente, que conforme al Estado de Derecho, ha de juzgar con sus normas y hacer ejecutar lo juzgado.

Gürtel & Larsson

La trama de financiación del Partido Popular, conocida como la trama de corrupción Gürtel, bien podría inspirar una próxima novela de Stieg Larsson, sino fuera porque éste célebre escritor sueco ha muerto. A veces la realidad supera la ficción y, una vez que se levantó esta última semana el secreto del sumario, se ha puesto de manifiesto lo que algunos sospechábamos y observábamos desde hace tiempo en base a los hechos: el PP contaba con una red de financiación paralela y complementaria a la fórmula legal establecida.

La evidencia de los hechos pone de manifiesto en muchas partes de España la gran capacidad financiera del PP para financiar todo tipo de actos y eventos. En especial, en las campañas electorales, como he tenido la oportunidad de denunciar en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, de la que soy viceportavoz por el PSOE. Para evitar el fraude electoral –como propuse- es necesario reforzar los mecanismos de transparencia que imposibiliten y dificulten la financiación por terceros de las actividades de las formaciones políticas, al margen de las pautas legales establecidas.

Por eso, cuando Rajoy nos dice ahora que todo este asunto se trata de “una trama corrupta para aprovecharse y hacer daño al PP”, no nos queda más remedio que reír a carcajada limpia. Antes, sin escrúpulo alguno, había acusado al PSOE de haber hecho un montaje de todo esto; después echó la culpa a la policía y al Ministerio Fiscal… No ha hecho otra cosa, sino intentar ganar tiempo y confundir a los ciudadanos. Ahora la evidencia es la evidencia y lleva meses sin contestar a las preguntas de los periodistas.

Los casos de la trama se extienden no sólo a Madrid, Valencia y Galicia, sino también a todos los territorios donde el PP ha tenido una clara hegemonía política. Esta semana hemos conocido cómo el presidente de las Cortes de Castilla y León, antes consejero de Fomento, el popular José Manuel Fernández Santiago, está ligado a la trama, como también lo están el anterior consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, y el director general de Deportes, antiguo teniente alcalde del Ayuntamiento de Boadilla, Miguel Ignacio González. Hoy el ex alcalde de Boadilla del Monte contrataba con la red, porque se lo había pedido el tesorero del PP, el señor Bárcenas, quien a pesar de haber presentado su dimisión en los cargos orgánicos del partido sigue disfrutando de coche oficial y sigue siendo senador. Y esto es lo que conocemos. Porque, como ya he comentado, los hechos cantan. Y basta observar en muchas partes de España las actividades del PP.

¿Alguien puede creer que Rajoy no estaba al tanto de los hechos? Pero si personas de su mismo equipo, como Ana Matos, estaba recibiendo de la red junto a su ex marido, el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, 6.000 euros al mes y se había inscrito a su nombre un automóvil. Rajoy tiene que asumir su responsabilidad como presidente del PP, donde varios de sus dirigentes se encuentran implicados, y presentar su dimisión; de lo contrario, su actitud será indigna. Así lo ponen de manifiesto los 17.000 folios del sumario que no sólo dan para tres volúmenes de 800 páginas de la colección ‘Millennium’, sino para mucho más. La historia sólo acaba de empezar y por suerte para ellos la crisis económica lo distorsiona todo. Pero tiempo al tiempo.

Decepción olímpica

¡Qué pena! No ha podido ser que las Olimpiadas de 2016 vengan a Madrid. Sin embargo, ha quedado clara la solidez del proyecto olímpico y el buen hacer de los españoles. Ahora sólo queda meditar si presentamos la candidatura a los juegos de 2020. Seríamos en este caso candidatos por tercera vez, pero hay que recordar que Sydney consiguió los juegos a la tercera. Éste puede ser el caso de Madrid.

A pesar de la ilusión que hemos puesto en el proyecto, la “corazonada” era un sueño imposible. Si tenemos en cuenta que los próximos juegos se van a celebrar en 2012 en Londres, era muy difícil teniendo en cuenta el carácter rotatorio por continentes que tradicionalmente han tenido, romper esta regla. Mucho más cuando la candidatura ganadora, la de Río de Janeiro, representa a un continente que jamás ha tenido unos juegos. Pero sobre todo, y en este caso hay que loar al jurado, la adjudicación de los juegos a Brasil es un gran impulso al desarrollo y cohesión social de América Latina. Un continente con un gran potencial económico y medio ambiental que necesita entrar con más fuerza en la dinámica del desarrollo y de la justicia social; y, sin duda, los juegos constituyen una excelente herramienta para alcanzar ese objetivo.

Ahora sólo nos queda mirar al futuro. Madrid ha invertido en su candidatura olímpica, desde su primera opción en el año 2012, 600 millones de euros. Mucho dinero para no recuperar la inversión. Sin embargo, la tasa de endeudamiento de la ciudad de Madrid –la más alta de España- hace necesario meditar detenidamente la candidatura de Madrid en 2020. Hay que tener en cuenta que en el momento actual está construido el 70 por ciento de las instalaciones. En caso de optar en un futuro a la sede olímpica habrá que actualizar las instalaciones y seguir invirtiendo mucho dinero. Es una decisión que habrá que tomar en los próximos días.

La experiencia acumulada desde 2012 y el cambio de continente nos sitúa en una posición envidiable para obtener la adjudicación del proyecto. A ello habrá que unir la perseverancia, a pesar de haber ido a esta última convocatoria sin grandes expectativas, dado el carácter rotatorio que siempre se ha impuesto; un gran error. Quizá de cara a futuro la perseverancia sea nuestro mejor activo, e incluso puede estar incorporado a la estrategia inicial diseñada en 2012. Ahora bien, en todo caso, a los madrileños les va a costar el proyecto olímpico ‘un riñón’ que hemos de agradecer a ese gran alcalde experto en endeudamiento, en la generación del déficit y en la subida de impuestos, Ruiz Gallardón. Exactamente todo lo contrario que predica el PP, pero que nunca lleva a la práctica cuando gobierna, y a las pruebas me remito.

Apretarse el cinturón

En momentos de dificultad como el que estamos viviendo, no queda más remedio que apretarse el cinturón para compartir la crisis entre todos: empresarios, trabajadores e instituciones públicas y privadas; y ayudar a quienes no tienen ingresos o rentas muy bajas. A su vez, si queremos dar consistencia nuestra economía hemos de pagar la deuda, aplazar inversiones y avanzar en un nuevo modelo productivo que nos permita ser más competitivos y crear más y mejor empleo, con más valor añadido y más alta productividad.

El proyecto de presupuestos del Estado para el próximo año se orienta en esa dirección. Contempla por primera vez una reducción del gasto público y un incremento de determinados impuestos, al objeto de reducir el déficit público y de garantizar las prestaciones sociales de los más necesitados, pero también de reforzar las políticas productivas y apostar por un nuevo modelo económico fundamentado en dos pilares: la educación y el I+D+i. Unos presupuestos que han de contribuir a la reactivación económica y a la creación de empleo, el mayor problema del país en este momento.

Todos los países de la Unión Europea, entre ellos España, han desarrollado una política fiscal marcada por la expansión del gasto público, siguiendo las recomendaciones de las organizaciones internacionales o del G-20. Las decisiones han obedecido a una hoja de ruta: medidas coyunturales para hacer frente a los efectos de la crisis; incentivar la demanda ante las dificultades de la iniciativa privada; reforzar la cohesión social, evitando la fractura social; impulsar la economía productiva; y restringir el gasto corriente todo lo que sea posible. En España, por suerte, la presión fiscal está siete puntos por debajo de la media europea, y en estos cinco últimos años ha bajado cuatro puntos, lo que nos permite un importante margen de maniobra para ajustar las cuentas públicas, y así situar a nuestra economía en una posición más competitiva.

La subida de impuestos que plantean los presupuestos del próximo año va a permitir mejorar la capacidad de ingresos del Estado –hay que recordar que las comunidades autónomas y la administración local forman parte del Estado-. Para ello se pide un esfuerzo moderado a las rentas bajas y algo superior a las rentas más altas, lo que nos va a permitir mantener el nivel de bienestar social y mejorar la inversión productiva, apoyando a la pequeña empresa y a los autónomos, principales impulsores del empleo.

Un buen ejemplo de la bondad de los presupuestos del 2010 es el caso de Segovia. Las políticas sociales benefician al 30 por ciento de la población –pensionistas, parados, dependientes, becarios, ayuda al alquiler …-, y la bajada de cinco puntos del Impuesto de Sociedades para la pequeña empresa y los autónomos se extiende prácticamente a la totalidad del tejido productivo de la provincia. Actuaciones imprescindibles para mejorar el bienestar de Segovia y de los segovianos.

Gobernar es decidir. El Gobierno socialista ha apostado por ayudar en estos momentos de dificultad a los que menos tienen y avanzar en un nuevo modelo de crecimiento económico más competitivo y sostenible. Nuestro modelo es coherente y pragmático, frente a la incoherencia del PP cuando pide incrementar la inversión en todos los territorios y a la vez reducir el gasto público, y además reducir impuestos. Vamos, la cuadratura del círculo. O más bien demagogia y oportunismo político.

¿Están el Gobierno y el PSOE en crisis?

No, radicalmente no, por mucho que se empeñe algún medio de comunicación y los populares aprovechen su impulso para desgastar al Gobierno, y muy especialmente a su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ‘el coco’ de la derecha española.

Sin duda la última semana ha sido una semana convulsa. Una vez celebrado el pleno de debate de la situación económica, la semana anterior, con una clara y contundente victoria del presidente Zapatero sobre los planteamientos de Rajoy, se daban las circunstancias propicias para que en esta semana que hoy termina, EL PAIS lanzase sus misiles sobre la línea de flotación. Tres editoriales durísimas: una, titulada “En la pendiente”; otra que bajo el título “Embrollo Fiscal”; y, por último, una tercera que con el título de “Clientelismo Digital”, pone en entredicho la política en materia audiovisual del Gobierno, y le acusa de clientelismo político.

Sin duda, nadie duda de la fuerza mediática del grupo Prisa como referente de la socialdemocracia en España. Sus críticas al PSOE han hecho que determinados colectivos sociales seguidores de este medio, pero también en otros grupos sociales de distinta ideología, se contemple con satisfacción como el aliado mediático del PSOE desde la instauración democrática le retira el apoyo y le critica, lo que contribuye a elevar sus expectativas electorales y a generar una situación en la calle de que a los socialistas les empieza a ir mal.

El problema de fondo deriva de la difícil situación económica que estamos viviendo. Nos encontramos ante una gran recesión económica mundial que tiene unas manifestaciones más virulentas en la economía española que en otras economía occidentales. España presenta problemas estructurales en su economía desde el s XIX. Desde entonces en épocas de crecimiento hemos crecido más que nadie, pero en épocas de recesión, como ésta, hemos decrecido y destruido empleo como ningún otro país occidental. Y, sin embargo, no se han corregido problemas como la baja productividad; la falta de competitividad; la falta de un tejido empresarial sólido -especialmente el industrial- ; la falta de una concertación social capaz de dar respuesta en los momentos de crisis, o la especialización en bienes de consumo y equipo para mejorar la exportación. De ahí, el problema del paro y la pérdida de renta per cápita en épocas de crisis, y eso a pesar de haber mejorado mucho las infraestructuras en los últimos años.

El Gobierno tiene claro la hoja de ruta ante la crisis. Para ello ha puesto en marcha actuaciones coyunturales para hacer frente a sus efectos, como el Plan E o el plan de dinamización económica, y otras de carácter estructural para hacer frente de una vez por todas a esos problemas que refería antes. Para ello el Gobierno va a tramitar en este periodo de sesiones en el Parlamento la Ley de Economía Sostenible, con la que se espera mejorar la productividad y la competitividad de las empresas españolas. No hemos de olvidar la alta tasa de endeudamiento de las empresas españolas y la pérdida de confianza que repercute en el consumo. Factor clave para crear empleo

Para el Gobierno en estos momentos lo prioritario es garantizar la protección y cohesión social. Tenemos la obligación de ayudar solidariamente a los parados. No podemos permitirnos el lujo de generar una sociedad dual, donde existan grandes dispersiones de renta, perdiendo peso la clase media. Eso se lo puede permitir el PP, pero el PSOE no. Y para ello contamos con la política fiscal como herramienta para la redistribución de la renta.

En esta política hay una total unanimidad en el PSOE y el Gobierno. Tanto en las nuevas generaciones de políticos como en las antiguos. No hay división interna, como hemos tenido la oportunidad de comprobar hace unos días sen la reunión del Grupo parlamentario en el Senado, u hoy en el Comité federal.

Somos muchos los que nos hemos formado en democracia con el PAIS y el Grupo Prisa. Para muchos de nosotros siempre ha sido un referente mediático. Y emocionalmente siempre estaremos con ellos. Sin embargo, las editoriales de esta última semana tienen una clara intención de forzar al Gobierno un cambio de su política audiovisual. Algo que es legítimo, pero que sin duda está mal enfocado por su parte; las malas artes sólo llevan a la ruina. El Gobierno y el partido están a la altura de lo que requiere el país. Y, todo ello, a pesar en esta ocasión de lo que publique PRISA.

El PP: falta de sensatez y de coherencia política

Otra vez más el líder del PP, Sr Rajoy, nos ha vuelto a deleitar con una semana repleta de “sensatez y coherencia política”. Primero fue en el Parlamento, en el debate sobre política fiscal con el presidente del Gobierno; y este fin de semana en Segovia, donde ha declarado la ‘madre de todas las batallas’ en materia de financiación local.

Su intervención en el Congreso de los Diputados fue patética, sobre todo el turno de réplica. Una vez más demostró no tener reflejos y quedarse noqueado ante la intervención de Zapatero. El doble discurso que viene atizando en política fiscal –aunque en general en todo-, le está haciendo mella en la poca credibilidad que tenía. No se puede estar reclamando y reivindicando permanentemente más actuaciones del Gobierno en todas las áreas de actividad económica y social, bien sean de competencias propias o de otras administraciones, y después calificar al Gobierno como ‘despilfarrador y manirroto’ en la gestión del gasto público.

El problema se agrava para el Sr Rajoy cuando el presidente del Gobierno le pregunta, ante su negativa de que se suban impuestos, sobre cuáles son los gastos que hay que recortar. Y, para facilitarle la labor, le indica que si el recorte hay que hacerlo en prestaciones de desempleo, pensiones o desarrollo de infraestructuras, que son las mayores partidas de gasto, y son las que más incidencia tiene en el presupuesto. El silencio siempre es su respuesta. Claro que el Sr. Gallardón este fin de semana en Segovia decía que “los populares tenemos la obligación de tras cada crítica hacer una propuesta”. Todo un ejercicio de filibusterismo político, que, perfectamente en su línea de coherencia política, asume el Sr. Rajoy.

Para rematar la semana, el PP ha reunido a todos los alcaldes y presidentes de diputaciones este fin de semana en Segovia para sentar su posición frente a la financiación local. Más de lo mismo. El Sr. Rajoy ha pedido al Gobierno socialista que consolide – mantenga para siempre con carácter anual y actualizado- 3.000 millones de euros para que los ayuntamientos puedan mantener sus gastos, al tiempo que mantiene su estrategia contra el crecimiento del gasto público y la subida de impuestos y, a la vez, dice que con él en el gobierno no hubiese existido nunca Plan E. Vamos un auténtico esperpento político y personal, donde el líder del PP no sólo no sabe dónde está, ni tan siquiera quién es. Y, para más inri, el presidente de la Junta de Castilla y León, el mismo que desde su puesto de responsabilidad traslada todos los gastos que puede de su Comunidad a los ayuntamientos para después exigírselos al Estado, pidió en este mismo encuentro que el problema lo solucione el Gobierno. Claro que por la misma línea fue el alcalde de Madrid, quien ha llevado a su Ayuntamiento a las mayores tasas de endeudamiento que nunca tuvo una administración local en España.

Lo de los populares es, ante todo, sensatez y coherencia política. Lo demás son cuentos. Claro que así les va. ¿Se imagina a éstos liderando el país frente a la crisis? Yo sí: ruina garantizada en un año. Ya tuvimos bastante con Aznar, Álvarez Cascos, Rato y Rajoy. Cuanto más lejos mejor.

El nuevo curso político

Como siempre, septiembre marca el inicio del nuevo curso político. Sin embargo, en esta ocasión, el verano no ha dado tregua. El PP, quizás movido por las buenas expectativas que le dio la última encuesta del CIS y la necesidad de tapar sus casos de corrupción, ha decidido dar dos vueltas de tuerca y volver a la táctica de la crispación. Para eso vale todo. Si en la anterior legislatura utilizaron el lema de “España se rompe”; ahora acusan al Gobierno socialista de “espionaje”, pero le piden que demuestre lo contrario, invirtiendo la carga de la prueba.

Éste es el escenario del nuevo curso político. Todo apunta a que la bronca va a ser el denominador común. Hoy, cuando más que nunca se necesita del consenso entre todas las fuerzas políticas para hacer frente a la crisis económica y generar confianza en el consumo, el PP da la espalda a los intereses de los ciudadanos e intenta acosar al Gobierno con el desgaste que supone la crisis. Ahora, eso sí, sin aportar ninguna propuesta realista; porque tan pronto pide la bajada de impuestos como reclama la extensión de la ayuda de los 420 euros a todos los parados, sin condición alguna; o pide la vacuna universal contra la gripe A. Sólo por citar algunos ejemplos. Ustedes saben que la cuadratura del círculo hasta el momento no es posible.

La situación económica es difícil, e irá remontando poco a poco. El fuerte endeudamiento de las familias y del Estado, unido a la gran dependencia de la financiación externa y los problemas estructurales que padece la economía española desde hace más de un siglo, y que nadie ha resuelto, constituyen los grandes escollos para remontar la situación. El Gobierno está poniendo en marcha medidas para reactivar la economía y combatir el desempleo. Mientras tanto, no queda más remedio que ser solidarios y ayudar a quienes más lo necesitan: parados, jóvenes y pensionistas. El coste de oportunidad de no hacer esto se puede traducir en una sociedad dual con enormes desequilibrios y tensiones. Por ello es acertada la propuesta del Gobierno de gravar las rentas de capital. Aquí la oposición tampoco está de acuerdo; pero, de no hacer esto, Segovia sería, por ejemplo, una de las provincias más perjudicadas en cuanto a transferencia de renta, dada su estructura social. La crisis, pues, ha de ocupar nuestra primera preocupación y ocupación en la agenda política.

En la provincia también se han de impulsar y dar prioridad a los proyectos orientados a garantizar la disponibilidad y la calidad del agua en la provincia, y muy especialmente en el entorno de Segovia. La Junta, administración competente en la materia, ha de definir un plan director de actuaciones en esta materia y recoger en el Presupuesto Autonómico partidas orientadas a tal fin, que, unidas a la asignación del Gobierno, permitan resolver el problema de abastecimiento del agua en nuestra provincia, el mayor de Castilla y León..

En materia de carreteras, el Estado ha de licitar las obras de desdoblamiento de la SG-20 y la Junta ha de concretar en los próximos Presupuestos la partida que destina al cierre de esta vía, así como los plazos de materialización de dicho proyecto. Lo mismo ocurre con el resto de carreteras incluidas dentro del Plan Regional de Carreteras.

El Palacio de Congresos para la ciudad de Segovia es otro proyecto al que se le ha de dar prioridad, dentro de un marco presupuestario restringido, como es el del próximo año. No se puede entender que la Junta haya dado prioridad al Gobierno de España en las ayudas a los palacios de Burgos y León y olvide una vez más a Segovia, siendo la ciudad que más potencial turístico tiene. Es la Junta la que tiene competencias en materia de promoción turística y la que debe marcar las prioridades. Pero ya se sabe: tratando de Segovia todo puede esperarse.
La Junta tiene una deuda histórica con Segovia. Es la provincia de la Comunidad en la que menos invierte, debido al poco peso del PP de la provincia en el marco autonómico. Nosotros, los socialistas, en este curso político que ahora comienza, trabajaremos en las instituciones con toda lealtad, no sólo para superar la crisis, sino para que los grandes proyectos que tiene Segovia vayan avanzando.